En solo siete días, más de dos millones de mexicanos vinculan su identidad a su número celular, en el marco de una reforma histórica para combatir el crimen y regular el uso de la telefonía móvil.
Desde el 9 de enero de 2026, México entró en una nueva fase de regulación digital. En apenas una semana, 2,151,802 líneas telefónicas móviles han sido registradas en el sistema nacional de identificación de usuarios, según informó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, durante la Mañanera del Pueblo del 16 de enero. La cifra, que sigue creciendo diariamente, marca el inicio de una transformación profunda en la relación entre ciudadanos, tecnología y seguridad.
Durante décadas, México fue uno de los pocos países del mundo donde cualquier persona podía comprar un chip telefónico sin mostrar identificación alguna. Esta práctica, aunque conveniente, se convirtió en un caldo de cultivo para actividades ilícitas: extorsiones, fraudes, secuestros y amenazas anónimas se multiplicaron, dificultando la labor de las autoridades. “Una misma persona podía tener múltiples líneas, cambiarlas constantemente y desaparecer tras cometer un delito”, explicó Peña Merino.
La solución llegó con la entrada en vigor de una reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que exige que cada número celular esté vinculado a una persona física o moral. El objetivo es claro: cerrar la puerta al anonimato criminal y dotar a las instituciones de herramientas legales para investigar delitos con mayor eficacia.
Pero el gobierno ha sido enfático en desmentir rumores: no existe un padrón gubernamental de líneas celulares, ni se almacenan datos biométricos. “Cada empresa telefónica es responsable de realizar y resguardar el registro de sus usuarios”, aclaró el funcionario. Aunque el proceso en línea solicita una fotografía para validar la identidad, esta se elimina inmediatamente después de la verificación. “No se crea ninguna base de datos de rostros”, reiteró.
El registro puede realizarse de dos formas: de manera presencial en centros de atención de las compañías, o de forma remota desde el propio teléfono celular. En ambos casos, los datos personales permanecen bajo custodia de las empresas, y solo pueden ser entregados a autoridades judiciales en caso de una investigación penal, conforme al Código Penal Federal —que, subrayó Peña Merino, no ha sido modificado en este aspecto.
La medida también incluye un plazo de gracia: quienes adquirieron chips antes del 9 de enero tienen hasta el 30 de junio de 2026 para registrarlos. Pasada esa fecha, no podrán comprar nuevas líneas si no cumplen con el requisito, lo que busca incentivar la regularización sin generar exclusiones abruptas.
Más allá de la cifra récord, lo que está en juego es un cambio cultural: el fin del anonimato absoluto en la comunicación digital. Para millones de mexicanos, registrar su línea es un acto de corresponsabilidad; para las autoridades, una herramienta para proteger a las víctimas; y para el crimen organizado, una vía de escape que se estrecha.
En un mundo donde la tecnología avanza más rápido que las leyes, México da un paso firme hacia un equilibrio entre seguridad, privacidad y derechos digitales. Y lo hace con transparencia: sin bases de datos gubernamentales, sin vigilancia masiva, pero con responsabilidad compartida.