En una operación coordinada y estratégica, México traslada a 37 operadores de cárteles a suelo estadounidense, reforzando la cooperación bilateral y eliminando amenazas directas a la seguridad nacional.
Ciudad de México, 21 de enero de 2026 — Siete aviones militares despegaron desde distintos puntos del país con una carga inusual: no armas, ni soldados, sino 37 de los criminales más peligrosos del país. Este martes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que México entregó a Estados Unidos a un grupo de operadores de organizaciones criminales que representaban “una amenaza real para la seguridad del país”.
La operación, ejecutada con precisión logística y diplomática, es la más grande de su tipo en la actual administración. Los detenidos fueron distribuidos en seis ciudades estadounidenses: Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de aeronaves de las Fuerzas Armadas mexicanas. Aunque el gobierno no reveló todos los nombres, medios locales identificaron entre los trasladados a figuras de alto calibre: Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del Cártel del Noreste, y Armando Gómez Núñez, alias “Delta1”, comandante del grupo “Los Deltas”, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Este no es un acto aislado, sino parte de una estrategia sostenida. Desde el 27 de febrero de 2025, cuando se entregó a Rafael Caro Quintero, exlíder del Cartel de Guadalajara reclamado por EE.UU. durante más de 30 años, el gobierno mexicano ha enviado un total de 92 criminales de alto impacto al vecino del norte. “Ya no podrán generar violencia en nuestro país”, subrayó García Harfuch, destacando que cada entrega reduce la capacidad operativa de los cárteles.
Pero lo que distingue esta cooperación es su marco jurídico y ético. En un mensaje publicado en X, el secretario enfatizó que la acción se realizó “con pleno respeto a la soberanía nacional” y bajo los mecanismos bilaterales vigentes. Además, reveló un detalle crucial: México exigió y obtuvo el compromiso de que no se solicite la pena de muerte para ninguno de los trasladados. Esta condición refleja el rechazo constitucional de México a la pena capital y refuerza la autonomía del Estado en materia de derechos humanos.
La medida también responde a una lógica práctica. Muchos de estos criminales enfrentan cargos en EE.UU. por delitos como tráfico de fentanilo, lavado de dinero o asesinato de agentes federales —delitos que, por su naturaleza transnacional, son más fácilmente procesables en tribunales estadounidenses. Al entregarlos, México no solo se deshace de actores violentos, sino que fortalece la justicia internacional.
Sin embargo, la operación no está exenta de polémica. Críticos cuestionan si esta estrategia representa una externalización de la justicia o si debilita la capacidad del sistema penal mexicano para juzgar a sus propios criminales. Pero el gobierno insiste: esta es una herramienta complementaria, no sustituta, de la política de seguridad interna.
Lo cierto es que, en un contexto de violencia persistente y disputas territoriales entre cárteles, eliminar a líderes operativos tiene un impacto táctico inmediato. Y al hacerlo en coordinación con EE.UU., México envía un mensaje claro: la cooperación en seguridad no significa subordinación, sino responsabilidad compartida.
Con esta entrega, la administración Sheinbaum demuestra que su enfoque combina firmeza, pragmatismo y respeto al Estado de derecho. Porque, como dijo García Harfuch, cada criminal fuera de las calles es una vida salvada, una familia protegida y un paso más hacia la paz.