Suma y sigue: La SCJN da otro golpe fiscal a Grupo Salinas y avala la auditoría directa del SAT
En el intrincado tablero legal que enfrenta Grupo Salinas contra el fisco mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acaba de mover una pieza clave. No es la de mayor valor monetario en esta partida, que suma miles de millones, pero sienta un precedente contundente: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la facultad de auditar directamente a las empresas que operan bajo el régimen de consolidación fiscal. Este fallo, publicado el 22 de enero, abre la puerta para que el SAT cobre otros 67 millones de pesos a Nueva Elektra del Milenio, una filial del conglomerado de Ricardo Salinas Pliego.
La sentencia, identificada como el amparo directo en revisión 3842/2024, es la octava en esta saga judicial. Resuelve un litigio que se remonta a 2012, cuando la empresa fue señalada por declarar pérdidas fiscales superiores a las reales. La Corte no solo confirmó la multa correspondiente, sino que revocó un amparo que la propia empresa había obtenido previamente del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. El máximo tribunal ordenó que el expediente regrese a ese mismo órgano para que emita una nueva sentencia, pero esta vez, alineada con el criterio de la Corte: la legalidad de la acción auditora del SAT.
Este fallo se inserta en un contexto de presión fiscal creciente sobre el conglomerado. Es un eco de las siete sentencias que la SCJN dictó el 13 de noviembre del año pasado, las cuales en su conjunto obligan a diversas empresas del grupo a pagar más de 48 mil millones de pesos. El gobierno federal, haciendo la suma total, ha precisado que la deuda pendiente de Grupo Salinas supera los 51 mil millones de pesos, una cifra colosal que hasta la fecha permanece sin liquidarse. Los 67 millones de Nueva Elektra, aunque parezcan una fracción de ese monto, son un recordatorio de que la maquinaria judicial sigue su curso.
Y el capítulo no está cerrado. En los pasillos de la Corte aún queda pendiente un noveno litigio, por un crédito fiscal de 621.9 millones de pesos, que deberá resolverse a más tardar en febrero. La mirada está puesta en las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa, a quienes se les asignó la elaboración de un nuevo proyecto después de que una propuesta anterior fuera retirada por contener criterios contradictorios. Cada sentencia, grande o pequeña, teje la red jurídica que el Estado intenta cerrar sobre una de las deudas fiscales más emblemáticas y polémicas del país. La crónica continúa, y el siguiente fallo podría ser decisivo.