La imagen del pequeño Liam Conejo arrastrado junto a su padre y los asesinatos de Good y Pretti durante protestas forzaron la retirada escalonada de 3,000 agentes federales tras 72 días de operativos.
El llanto del niño de cinco años resonó más fuerte que cualquier justificación oficial. Liam Conejo, arrancado de su hogar el 22 de enero junto a su padre Adrián, se convirtió en el símbolo visual de una operación que prometía capturar “delincuentes peligrosos” pero terminó deteniendo ciudadanos estadounidenses, menores sin antecedentes y familias enteras. Las cámaras capturaron el momento. El mundo observó. Y Minnesota estalló.
Las protestas que siguieron no fueron pacíficas. Renee Good y Alex Pretti perdieron la vida bajo fuego federal en las calles de Mineápolis, transformando el rechazo ciudadano en duelo colectivo. Fue entonces cuando Tom Homan, recién designado al mando tras las muertes, enfrentó la realidad: 3,000 agentes desplegados desde diciembre habían generado más resistencia que seguridad. Cuatro mil arrestos oficiales contrastaban con testimonios de detenciones arbitrarias que socavaban la narrativa gubernamental.
La conferencia de prensa del 12 de febrero en Minneapolis reveló una rendición disfrazada de victoria. “Éxito en detener amenazas”, declaró Homan mientras anunciaba la conclusión pactada con Trump. Pero los números contaban otra historia: 700 agentes ya habían abandonado el estado la semana previa; otros 2,000 permanecían en proceso de retiro escalonado. El gobernador Tim Walz celebró el fin de los operativos, pero advirtió que “el largo camino hacia la recuperación comienza ahora” —reconociendo heridas económicas, educativas y sociales que no sanarían de la noche a la mañana.
El punto álgido llegó cuando Homan insistió en que Minnesota dejó de ser “estado santuario para delincuentes”, ignorando que las propias autoridades locales habían denunciado la captura de personas sin historial penal. La paradoja flotaba en el aire gélido del Medio Oeste: una operación diseñada para reforzar la seguridad pública terminó generando víctimas civiles, polarización extrema y una fractura institucional que tardará años en cicatrizar. Los últimos agentes federales abandonarán las calles paulatinamente. Pero las imágenes del pequeño Liam y los nombres de Good y Pretti permanecerán como testigos mudos de setenta y dos días que redefinieron el costo humano de la política migratoria estadounidense.