Sheinbaum advirtió que de no depositarse de inmediato el monto pendiente se activarán mecanismos legales contra la empresa de Larrea por el vertido minero de 2014.
—¡Tienen que hacerlo ya!— La orden presidencial resonó con contundencia en el Salón Tesorería mientras la mandataria federal fijaba un plazo inmediato para que la corporación minera completara el pago pendiente. De los mil 500 millones de pesos comprometidos para reparar el daño ambiental y social tras el vertido tóxico en aguas sonorenses, apenas se han materializado 500 millones. El déficit de mil millones se convirtió en el epicentro de una confrontación institucional sin precedentes recientes.
El origen del conflicto data de agosto de 2014, cuando la mina Buenavista del Cobre —propiedad del consorcio controlado por Germán Larrea— liberó cerca de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en la cuenca hidrográfica. La contaminación recorrió 288.8 kilómetros de cauce, impactando directamente a poblaciones de Arizpe, Aconchi, Banámichi, Baviácora y Ures, donde residen aproximadamente 20 mil personas cuya salud y medios de subsistencia quedaron expuestos a metales pesados.
La jefa del Ejecutivo reveló que los recursos comprometidos, sumados a aportaciones federales y estatales, alcanzan para ejecutar un plan integral de justicia reparadora. Entre las obras prioritarias destacan la edificación del nuevo Hospital General de Ures, cuya licitación iniciará próximamente con los fondos ya depositados; la creación de una unidad especializada en vigilancia epidemiológica con seguimiento toxicológico continuo; la instalación de un laboratorio dedicado al análisis de metales pesados; y la rehabilitación de sistemas de potabilización con tecnologías de desinfección avanzada.
Además, se contempla un monitoreo permanente de aguas superficiales y subterráneas, así como estudios técnicos para la remediación de suelos y la restauración de ecosistemas dañados. La Comisión Nacional del Agua supervisará cada etapa de implementación.
Sheinbaum aclaró que el gobierno federal decidió tomar control directo de los recursos ya recibidos para evitar que la empresa determinara unilateralmente su aplicación. “Se depositó el recurso para no dejar que ellos lo hicieran; con este recurso se va a hacer todo esto”, enfatizó, subrayando que el Estado asume la responsabilidad ejecutora frente a la demora corporativa.
El punto de máxima tensión llegó cuando la presidenta delineó las consecuencias de una nueva evasión: “Si no, se continúa con todos los procedimientos”. La frase, pronunciada sin ambigüedades, activó señales de alerta en el sector minero, consciente de que la administración actual no tolerará postergaciones en asuntos ambientales con impacto humano comprobado.
Mientras las comunidades afectadas aguardan justicia material, el caso Sonora se erige como termómetro de la voluntad gubernamental para enfrentar a poderosos intereses económicos en defensa del territorio y sus habitantes.