Sheinbaum expuso el caso de un exalto mando que recibe más de doce millones anuales con cargo al erario y anunció reforma constitucional para imponer tope radical.
Un millón de pesos fluyen cada treinta días hacia las cuentas bancarias de un exdirectivo de la desaparecida paraestatal Luz y Fuerza del Centro. La cifra, revelada con crudeza en la tribuna informativa matutina, desnuda una anomalía que la mandataria federal calificó como inaceptable en un gobierno que proclama la eliminación de prerrogativas heredadas. Doce millones anuales destinados a sostener el retiro de quien ocupó posiciones directivas durante un periodo acotado, mientras millones de mexicanos subsisten con ingresos mínimos.
Este caso extremo sirvió como detonante para anunciar una modificación estructural al marco jurídico nacional. La propuesta constitucional establecerá un límite infranqueable: ninguna pensión para exfuncionarios podrá superar el cincuenta por ciento del salario percibido por la titular del Poder Ejecutivo. El objetivo es cerrar definitivamente la puerta a esquemas que, bajo la figura de trabajadores de confianza, perpetúan ingresos desproporcionados con cargo a recursos fiscales.
La presidenta enfatizó que la medida no representa una amenaza para derechos laborales consolidados. Los contratos colectivos vigentes en el sector público y privado permanecerán intocados. El foco se dirige exclusivamente a altos mandos cuyos beneficios derivan de designaciones políticas, no de negociaciones sindicales ni de trayectorias profesionales sostenidas en la base operativa de las instituciones.
“Nos estamos refiriendo a los trabajadores de confianza, los altos mandos, que a la fecha con recursos públicos, es decir del pueblo, les tenemos que seguir pagando un altísimo, altísimo sueldo”, subrayó con énfasis la jefa del Estado, trazando una línea divisoria clara entre quienes construyen el aparato estatal desde la trinchera cotidiana y quienes acceden a puestos directivos mediante designación discrecional.
Aunque omitió revelar la identidad del beneficiario millonario, garantizó que el caso ya está bajo análisis técnico-jurídico para determinar viabilidad de reversión. La mera existencia de tal prerrogativa, sin embargo, bastó para justificar la urgencia legislativa.
El punto de máxima tensión emergió al contrastar la retórica gubernamental con la realidad material: mientras se proclama austeridad republicana, el erario sigue alimentando pensiones que superan en magnitud los ingresos de miles de familias combinadas. La reforma busca romper este ciclo de perpetuación de privilegios disfrazados de derechos adquiridos.
La batalla apenas inicia en los pasillos del Congreso, pero el mensaje ya fue lanzado con contundencia: en la nueva arquitectura estatal, el lujo pensionario para cúpulas designadas no tendrá cabida.