La decisión judicial obliga a detener cobros aduaneros y desata reclamos millonarios mientras los mercados celebran el fin de la incertidumbre comercial.
Los mercados globales respiraron al unísono cuando se conoció la sentencia: la máxima instancia judicial de Estados Unidos había declarado ilegales los gravámenes comerciales impuestos por la administración Trump.
El fallo, emitido este viernes con respaldo mayoritario, establece que el Poder Ejecutivo sobrepasó sus atribuciones constitucionales al invocar la seguridad nacional para justificar tasas a productos extranjeros. México, China y la Unión Europea, principales destinatarios de esas medidas, vieron cómo la Corte revertía el mecanismo de órdenes ejecutivas que permitió su aplicación.
Según la resolución, cualquier imposición de tarifas comerciales requiere ahora la aprobación expresa del Congreso, cerrando la puerta a decisiones unilaterales basadas en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial. El tribunal subrayó que dicha norma no constituye un permiso ilimitado para modificar la estructura tributaria nacional sin contrapeso legislativo, reafirmando la división de poderes como pilar del sistema.
Desde la Casa Blanca, el rechazo fue inmediato: el equipo legal presidencial advirtió que la limitación afecta la capacidad de negociación comercial del país y la protección del sector industrial. Sin embargo, el mandato judicial es claro: suspensión inmediata de cobros en aduanas y habilitación de vías legales para que empresas reclamen los miles de millones desembolsados en los últimos meses.
Este revés redefine el equilibrio de poder en Washington y sienta un precedente que blindará, al menos en teoría, el comercio internacional contra futuras imposiciones discrecionales amparadas en argumentos de seguridad.