Inversionistas que vendieron sus títulos entre mayo y octubre de 2022 aseguran que el empresario hundió el valor de la compañía con mensajes falsos sobre cuentas spam antes de cerrar la compra por 44 mil millones de dólares.
El hombre más rico del mundo se sentó este 4 de marzo en el banquillo de los acusados. No por un accidente de sus coches ni por un cohete que explota. La razón: 44 mil millones de dólares y una red social que compró, según sus demandantes, a precio de remate gracias a sus propios mensajes. Elon Musk enfrenta a inversionistas que lo acusan de jugar con el mercado mientras definía su compra de Twitter.
La historia comienza en abril de 2022. Musk anuncia un acuerdo para comprar Twitter y privatizarla. Todo parece encaminado. Pero un mes después, el 13 de mayo, el empresario frena la operación. La excusa: necesita evaluar cuántas cuentas falsas o spam hay en la plataforma. Las acciones de la compañía, que cotizaban con la expectativa del acuerdo, comienzan a caer.
Días más tarde, Musk afina el mensaje. Publica que el acuerdo “no podía seguir adelante”. Su argumento: cerca del 20% de las cuentas de Twitter son falsas. Los inversionistas que vendieron sus acciones entre mayo y octubre de ese año vieron cómo el valor se desplomaba. Justo lo que, según la demanda, Musk quería.
La demanda colectiva, presentada en octubre de 2022 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, tiene un objetivo claro: demostrar que Musk violó leyes federales del mercado de valores. Los accionistas sostienen que el dueño de Tesla emitió declaraciones públicas diseñadas para reducir el precio de los títulos antes de concretar la compra.
Durante la audiencia en San Francisco, el abogado Aaron P. Arnzen interrogó a Musk sobre sus publicaciones en redes sociales y sobre la adquisición de acciones previa al anuncio de la operación. La estrategia legal busca conectar los puntos entre los tuits, la caída de la acción y el beneficio final del empresario al cerrar el trato.
Musk, fiel a su estilo, se defendió con comparaciones poco convencionales. Calificó el comportamiento de la bolsa como el de un “maníaco-depresivo”, minimizando el impacto de sus palabras en los vaivenes del mercado. Negó haber manipulado intencionalmente el precio y aseguró que solo publica “lo que piensa”.
También desvió la responsabilidad hacia los antiguos directivos de Twitter. Según su testimonio, ellos habrían proporcionado información incorrecta sobre las métricas de la plataforma, especialmente en el tema de cuentas automatizadas y falsas.
El caso en San Francisco no es el único frente legal que ocupa al magnate. Un tribunal federal en Maryland revisa su papel al frente del denominado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Ahí, las demandas cuestionan la legalidad de decisiones relacionadas con el cierre de agencias federales, incluida la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
La coincidencia no es menor. Mientras Musk enfrenta acusaciones de haber manipulado el mercado para quedarse con Twitter a bajo costo, también debe explicar sus movimientos en la estructura gubernamental. El empresario que prometió eficiencia ahora lidia con la justicia en dos frentes.
Elon Musk publica “lo que piensa”, según su declaración. Pero los inversionistas que vendieron sus acciones de Twitter entre mayo y octubre de 2022 piensan que esos pensamientos les costaron dinero. Ahora un jurado en San Francisco debe decidir si fue libre expresión o manipulación de mercado. La diferencia son 44 mil millones de dólares.