La Cancillería envió 14 comunicaciones diplomáticas a Estados Unidos por los fallecimientos de connacionales entre 2025 y 2026; Sheinbaum lleva el caso directamente a sus llamadas con Trump y la SRE ya presentó dos demandas legales.
Catorce notas diplomáticas. Doce respuestas. Trece vidas perdidas. Las cifras que este martes expuso el subsecretario Roberto Velasco Álvarez desde la conferencia matutina dibujan un escenario que el gobierno mexicano califica con tres palabras: doloroso, desgarrador e inaceptable. Los fallecimientos de connacionales bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos —ICE, por sus siglas en inglés— ocurridos entre 2025 y 2026 se convirtieron en un punto de fricción que la administración de Claudia Sheinbaum no está dispuesta a dejar pasar en silencio.
El desglose de los casos que presentó Velasco Álvarez revela un mapa de la tragedia distribuido en siete estados. California encabeza la lista con cuatro defunciones. Le siguen Georgia con tres, Arizona con dos, y Texas, Florida, Missouri e Illinois con una cada una. Pero más allá de la geografía, lo que preocupa a la Cancillería son las causas: seis muertes por complicaciones médicas, cuatro por suicidio, dos ocurridas durante operativos del ICE y una durante un tiroteo en instalaciones de detención migratoria.
La respuesta del gobierno mexicano ha tenido múltiples frentes. En el plano diplomático, las 14 comunicaciones enviadas al gobierno estadounidense han sido acompañadas de un mensaje que la propia Presidenta ha llevado al más alto nivel. En sus conversaciones telefónicas con Donald Trump, Sheinbaum ha puesto sobre la mesa la defensa de los mexicanos en territorio estadounidense y el respeto a sus derechos humanos.
“Públicamente hemos dicho que no estamos de acuerdo con estas formas de detención de ninguna persona, en particular de los hermanos mexicanos que trabajan allá”, enfatizó la mandataria. La respuesta de la contraparte, según su relato, ha sido la promesa de investigaciones.
El expediente que maneja la Secretaría de Relaciones Exteriores no se limita a las notas diplomáticas. En el terreno legal, ya se presentaron dos demandas formales y cuatro expedientes más están en proceso de integración. Otras tres demandas se encuentran en análisis jurídico y tres más están siendo evaluadas por las familias afectadas.
La Cancillería ha ofrecido representación legal a los familiares en cinco de los nueve casos donde existen recursos legales en marcha. En los cuatro restantes, las familias optaron por contratar abogados privados. El acompañamiento ha incluido también la repatriación de los cuerpos: en cinco casos las familias aceptaron el apoyo estatal, con un costo total de 22,288 dólares cubiertos por el gobierno mexicano.
Las representaciones consulares han reforzado las visitas a centros de detención en Estados Unidos. El objetivo, según detalló Velasco Álvarez, es conocer las condiciones en las que se encuentran los connacionales y detectar de manera oportuna posibles casos de abusos. La Línea de Apoyo Consular Mexicano —disponible las 24 horas a través del 520 623 7874 desde Estados Unidos y el 079 desde México— opera como un mecanismo de contacto permanente para la comunidad migrante.
El elemento más crítico del informe radica en la naturaleza de las muertes. Que cuatro personas hayan muerto por suicidio bajo custodia migratoria plantea interrogantes sobre las condiciones de detención y la atención psicológica disponible. Que dos fallecimientos hayan ocurrido durante operativos del ICE y uno más durante un tiroteo en instalaciones migratorias sugiere un nivel de violencia que el gobierno mexicano considera inadmisible.
Las respuestas recibidas desde Washington informan que en todos los casos se han abierto investigaciones. Pero el gobierno mexicano no se conforma con ese anuncio. “Seguiremos insistiendo que debe haber investigación para saber la causa, una vez investigado, que haya peritajes, realmente la causa de los fallecimientos”, subrayó Sheinbaum, en una frase que delata una desconfianza de fondo hacia los resultados que puedan arrojar esas pesquisas si no son acompañadas de mecanismos de verificación independientes.
La insistencia en los peritajes no es menor. Sugiere que el gobierno mexicano busca garantizar que las autopsias y los dictámenes forenses sean realizados con criterios que permitan determinar no solo la causa inmediata de la muerte, sino también las responsabilidades subyacentes.
Trece connacionales. Siete estados. Catorce comunicaciones diplomáticas. Dos demandas presentadas. Las cifras que este martes se leyeron en la conferencia matutina no son solo estadísticas. Son el registro de un reclamo que el gobierno mexicano ha elevado hasta el nivel presidencial. “Es desgarrador e inaceptable”, repitieron en distintos momentos Velasco Álvarez y Sheinbaum. La frase, cargada de una gravedad que trasciende lo retórico, quedó como síntesis de una posición que el gobierno mexicano no está dispuesto a negociar hacia abajo.