Agentes federales portando chalecos identificativos aparecieron en terminales de Nueva York, Atlanta y Chicago mientras la crisis presupuestaria del DHS mantiene en vilo a miles de trabajadores; alcaldes de ciudades santuario se niegan a colaborar.
Los chalecos identificativos aparecieron junto a los mostradores de facturación y las líneas de control de seguridad. En catorce aeropuertos del país —incluyendo terminales estratégicas en Nueva York, Atlanta, Chicago, Newark y San Francisco—, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos iniciaron un despliegue que, según la versión oficial, responde a una crisis de personal. Pero las imágenes que recorren las redes sociales y los testimonios de viajeros sugieren otra cosa: una operación política en pleno colapso presupuestario.
El escenario se cocinó durante semanas. El Departamento de Seguridad Nacional atraviesa un cierre parcial que se extiende por cinco semanas, luego de que los senadores de la oposición rechazaran por quinta ocasión, desde febrero, un proyecto de financiamiento vital para la agencia. La consecuencia directa: miles de trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte operan sin percibir salarios desde finales de enero, lo que ha generado bajas laborales y largas filas en los aeropuertos.
Trump encontró en esa crisis operativa un resquicio político. Primero anunció que enviaría personal del ICE para “cubrir los vacíos”. Luego, en sus publicaciones en Truth Social, reveló el verdadero alcance de la operación: los agentes no estarían allí solo para gestionar filas, sino para realizar tareas de seguridad enfocadas en el arresto de migrantes indocumentados.
La dualidad de discursos expuso las tensiones internas de la administración. Mientras el zar de fronteras de la Casa Blanca, Tom Homan, defendía la medida como un apoyo logístico operativo, el propio presidente publicaba que los funcionarios realizarían tareas de arresto. La confusión, para muchos observadores, es parte de la estrategia: generar una presencia policial intimidatoria que funcione como disuasivo migratorio mientras se presiona al Congreso.
El terreno donde se despliega la operación no es neutral. Varias de las terminales afectadas se encuentran en ciudades santuario que han declarado su negativa a colaborar con las autoridades migratorias federales. Voceros del Departamento de Policía de San Francisco aclararon que las fuerzas locales no colaboran en la aplicación de leyes federales de inmigración civil, limitando su presencia a mantener la seguridad pública perimetral sin intervenir en arrestos migratorios.
El desafío es explícito. Trump amenazó en Truth Social: si los alcaldes y gobernadores de la oposición se niegan a colaborar con las políticas fronterizas, el Gobierno federal llevará la aplicación de la ley directamente a sus ciudades y pistas de aterrizaje. La frase convierte el despliegue aeroportuario en un acto de desafío directo frente a las voces opositoras que demandan mayor supervisión parlamentaria.
La crisis presupuestaria que enmarca esta operación tiene un trasfondo político que trasciende lo operativo. Los demócratas, que han bloqueado los fondos, buscan imponer regulaciones más estrictas a la actividad migratoria, especialmente tras los recientes abusos de autoridad documentados. Dos casos han marcado el debate: el asesinato por agentes del ICE de los manifestantes Renee Good, el 7 de enero, y Alex Pretti, el 24 de enero, ambos en Minnesota.
El elemento más crítico de este despliegue es su ambigüedad calculada. La administración presenta la operación como una respuesta técnica a un problema de personal, pero las declaraciones de Trump la convierten en un arma política. Los agentes del ICE en los aeropuertos no solo están allí para gestionar filas. Están allí para ser vistos. Y para que los viajeros sepan que, en medio del cierre gubernamental, la presencia migratoria se intensifica.
La respuesta de las autoridades locales ha sido cautelosa pero firme. En San Francisco, la policía dejó claro que no participará en arrestos migratorios. En otras ciudades santuario, el mensaje es similar: el control migratorio es responsabilidad federal, y las fuerzas locales no serán utilizadas como extensión del ICE.
Trump, sin embargo, ya advirtió que el despliegue podría escalar. El presidente no descarta movilizar a la Guardia Nacional para custodiar los recintos de transporte aéreo, una medida que llevaría la confrontación a un nuevo nivel. La amenaza llega en un momento donde la crisis de financiamiento del DHS mantiene en vilo a miles de trabajadores que llevan más de un mes sin cobrar.
Los chalecos identificativos del ICE ya están en catorce aeropuertos. Las filas siguen siendo largas, los trabajadores de seguridad siguen sin cobrar, y los viajeros transitan entre mostradores de facturación y agentes federales que, según a quién se escuche, están allí para ayudar con las filas o para detener migrantes. En el medio, una crisis presupuestaria que se prolonga por cinco semanas, dos muertes en Minnesota que la oposición no olvida, y un presidente dispuesto a convertir los aeropuertos del país en el próximo campo de batalla político.