Una investigación de ProPublica revela que más de 50 menores pierden a un progenitor cada día por detenciones migratorias; las madres latinas están siendo deportadas a un ritmo cuatro veces mayor que en la administración Biden.
Once mil niños y niñas. Ciudadanos estadounidenses. Separados de sus padres en apenas siete meses. El número, revelado por una investigación de ProPublica, traza el mapa de una política migratoria que, según los datos, está golpeando desproporcionadamente a las familias latinas. Más de 50 menores pierden diariamente a uno de sus progenitores debido a arrestos migratorios. Y las madres están siendo deportadas a un ritmo cuatro veces mayor que en la administración anterior.
La investigación de ProPublica se apoya en los registros I-213 del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, obtenidos por la Universidad de Washington. Estos documentos incluyen información clave: la ciudadanía de los detenidos y el número de hijos menores que tienen. El período analizado abarca desde finales de 2021 hasta mediados de 2025, con un foco especial en los primeros siete meses del segundo mandato de Donald Trump, iniciado en enero de 2025.
Los datos son contundentes. El 75% de las personas detenidas no cuenta con antecedentes penales graves. Es decir, la mayoría son padres y madres trabajadores que, según los activistas, están siendo separados de sus hijos no por razones de seguridad pública, sino por la aplicación de una política migratoria que prioriza la deportación sobre la unidad familiar.
Las cifras también revelan un cambio en el perfil de las deportaciones. Las madres están siendo expulsadas del país a un ritmo cuatro veces superior al registrado durante la administración de Joe Biden. Los defensores de derechos humanos interpretan este dato como un giro deliberado en la estrategia de aplicación de la ley migratoria.
El análisis de ProPublica es, hasta ahora, el recuento más detallado sobre menores estadounidenses afectados por la detención, arresto o deportación de sus padres migrantes. La metodología tiene un alcance específico: considera únicamente detenciones realizadas por ICE, sin incluir operativos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Esto sugiere que la cifra real de niños separados podría ser aún mayor.
Beatriz López, directora ejecutiva de Voto Latino, calificó los hallazgos como la evidencia de un “ataque calculado contra las familias latinas trabajadoras”. En un comunicado, la activista fue más allá: “Apuntar contra las madres. Separar familias. Deportar y encarcelar a niños. Estos son actos de un régimen, no de una presidencia, y exigen rendición de cuentas”.
El lenguaje de López no es casual. Al equiparar las políticas migratorias con las acciones de un “régimen”, la directiva de Voto Latino está llamando a una movilización política en torno a los datos de ProPublica. La organización, que tiene un peso significativo en el activismo latino, parece estar preparando el terreno para una confrontación electoral sobre el tema migratorio.
El elemento más crítico del informe es la intersección entre ciudadanía y deportación. Los 11 mil niños afectados son ciudadanos estadounidenses. Es decir, son niños que tienen derecho a estar en el país, pero que están siendo separados de sus padres que, en muchos casos, no tienen ese mismo estatus. La paradoja expone una fractura en el sistema migratorio: la unidad familiar no está siendo considerada como un factor prioritario en las decisiones de deportación.
El dato sobre las madres añade una dimensión de género. Que las deportaciones de mujeres se hayan cuadruplicado respecto de la administración anterior sugiere un cambio en el perfil de los operativos migratorios. No se trata solo de más detenciones, sino de un patrón que impacta de manera específica a las madres trabajadoras latinas.
La metodología de ProPublica también tiene implicaciones políticas. Al basarse en registros I-213 —documentos internos de ICE—, la investigación se sustenta en datos que el propio gobierno produce. La cifra de 11 mil niños separados no es una estimación de activistas; es un cálculo derivado de los registros oficiales. Eso le da una fuerza documental que los defensores de derechos humanos están comenzando a utilizar como herramienta de presión.
Once mil niños ciudadanos. Cincuenta separaciones diarias. Cuatro veces más madres deportadas que en la administración anterior. Tres cuartas partes de los detenidos sin antecedentes penales graves. Las cifras que ProPublica puso sobre la mesa son el registro de una política que, según sus críticos, ha convertido a las familias latinas en blanco. La pregunta que queda flotando es si estos números, extraídos de los propios archivos del ICE, lograrán mover la aguja del debate migratorio en un país donde la separación familiar ya había sido condenada como una práctica abusiva.