
Sheinbaum detalló que ahora las fiscalías están obligadas a abrir carpetas de investigación desde la primera denuncia; un sistema de alerta temprana permite localizar personas en las primeras 48 horas y se han logrado 285 detenciones por este delito en lo que va del sexenio.
Antes, podían pasar 48 horas o más antes de que se activara un protocolo de búsqueda. Ahora, la alerta se despliega de inmediato. Claudia Sheinbaum presentó este viernes un balance de las acciones que, según su gobierno, están transformando la respuesta del Estado frente a las desapariciones. El dato central: 285 personas detenidas por este delito en lo que va del sexenio. Y un cambio estructural: por ley, todas las fiscalías están obligadas a abrir carpetas de investigación con cada denuncia.
La conferencia matutina de este viernes tuvo un eje temático que la Presidenta abordó con cifras y mecanismos. Sheinbaum explicó que el sistema de búsqueda ahora opera con una alerta nacional que se activa en el momento mismo en que se reporta la desaparición de una persona. Ese mecanismo, dijo, ha permitido localizar a personas en las primeras 48 horas, un contraste con el pasado donde la espera podía alargarse hasta dos días antes de que comenzara cualquier acción coordinada.
El cambio no es solo operativo, sino legal. La mandataria destacó que ahora existe una obligación legal para que las fiscalías abran carpetas de investigación por cada denuncia de desaparición. Antes, dijo, no era así. La nueva disposición busca eliminar el margen de discrecionalidad que, según la administración, permitía que muchas denuncias quedaran sin seguimiento.
El gobierno ha desplegado una estrategia que combina tecnología, coordinación interinstitucional y cooperación con el sector privado. Sheinbaum mencionó un acuerdo con plataformas digitales para que, cuando una página sea sospechosa de estar vinculada con reclutamiento del crimen organizado, pueda ser bajada de forma inmediata. El mismo mecanismo, aseguró, se aplica en videojuegos.
“Ahora seguimos buscando, seguimos cerca de los colectivos”, afirmó la Presidenta, reconociendo el papel de las organizaciones de familiares de desaparecidos en la presión y colaboración con las autoridades. Pero subrayó que lo que ahora existe es “un sistema integral de muchas instituciones, estatales, fiscalías”, que permite tanto mejorar las investigaciones como garantizar que se inicien procesos desde el primer momento.
Las detenciones son otro de los ejes que Sheinbaum puso sobre la mesa. Las 285 personas capturadas por el delito de desaparición en lo que va del sexenio representan, según su lectura, un avance en la persecución penal de este crimen, que durante años estuvo marcado por la impunidad.
El momento más complejo de la intervención de Sheinbaum llegó cuando abordó la cifra de personas desaparecidas. La Presidenta reconoció que los medios de comunicación hablan de 130 mil personas, pero pidió una lectura matizada. Esa cifra, explicó, acumula los reportes desde 2006, año en que comenzó a documentarse de manera sistemática este delito.
El desglose que presentó busca poner en contexto el número. Del total, el 31 por ciento de las personas desaparecidas han tenido actividades registradas tras su desaparición. De ese grupo, dijo, ya se localizó a una parte, pero aún faltan detalles para retirarlos oficialmente de la lista. Otro 36 por ciento no cuenta con datos suficientes para su localización. Y el 33 por ciento restante no tiene actividad registrada hasta la fecha.
La matización busca responder a una crítica recurrente: que la cifra de desaparecidos se utiliza sin contexto, generando una percepción que no necesariamente refleja la situación actual. Sheinbaum insistió en que el gobierno sigue trabajando en la búsqueda y en la actualización de los registros, pero dejó claro que el número de 130 mil requiere una lectura más detallada.
Sheinbaum cerró con una síntesis de lo que considera el cambio de paradigma: fiscalías obligadas a abrir carpetas, alertas que se activan de inmediato, plataformas digitales que colaboran, y 285 detenciones que muestran que el delito de desaparición está siendo perseguido. La Presidenta reconoció que el camino es largo y que el sistema debe seguir mejorando, pero insistió en que la respuesta del Estado ya no es la de antes. La diferencia, dijo, está en la velocidad, en la coordinación y en la obligación legal de investigar desde la primera hora.