El gobierno creó una estructura interagencias para perseguir “marxistas” y “anarquistas”; el primer caso judicial en Texas condenó a nueve manifestantes pese a que la FBI reconoce que no hay una célula de Antifa en la región.
No existe una organización que se llame Antifa. Lo han dicho expertos en extremismo. Lo confirmaron en el juicio cinco testigos que participaron en la protesta. Incluso la propia oficina local del FBI concluyó que, al menos en esa región, no hay una célula con ese nombre. Pero eso no ha frenado al gobierno de Donald Trump.
El primer gran caso judicial bajo la nueva política ocurrió en Fort Worth, Texas. Nueve manifestantes opositores a las políticas antimigrantes fueron declarados culpables. Los cargos incluyeron ofrecer apoyo material al terrorismo y homicidio. La protesta original había sido frente al centro de detención de inmigrantes Prarieland, en Alvarado. Silbatos, cohetes artificiales, pintura salpicada en las instalaciones.
Cuando un policía llegó y desenfundó su arma, uno de los manifestantes respondió con disparos de arma automática. Un uniformado resultó con una herida menor. Las leyes de Texas permiten portar armas, incluso automáticas. El gobierno federal, sin embargo, transformó el incidente en el símbolo de una campaña nacional.
La arquitectura de esa campaña está definida en el memorando presidencial de Seguridad Nacional número siete. Crea una estructura interagencias encabezada por el FBI. El objetivo: perseguir a “marxistas”, “izquierdistas”, “anarquistas” y a quienes expresen hostilidad hacia “los valores tradicionales estadunidenses sobre familia, raza y religión”.
En septiembre de 2025, la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva designando a Antifa como “organización terrorista doméstica”. La etiqueta se mantiene. “Hay un grupo de trabajo establecido para enfocarse en la amenaza que representa Antifa”, confirmó la vocera Karoline Leavitt. Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado, añadió esta semana que “los anarquistas, marxistas y extremistas violentos de Antifa han llevado a cabo una campaña de terror en Estados Unidos y en el mundo occidental durante décadas”.
La contradicción es estructural. Mientras el gobierno construye una narrativa de una red nacional organizada, los documentos internos cuentan otra historia. La FBI arrestó a 19 personas tras la protesta de Alvarado. Seis de ellas ni siquiera habían estado presentes. Durante el juicio, cinco de los acusados que confesaron su participación testificaron que no existe un grupo que lleve el nombre de Antifa. La propia oficina local del FBI reconoció en sus documentos que, pese a los intentos por ubicar “una célula de Antifa”, no lograron encontrarla en la región.
La procuradora general Pam Bondi lo había anticipado. “Antifa es un grupo terrorista doméstico”, declaró el año pasado, señalando que el caso de Texas era solo el primer paso para “desmantelar sistemáticamente” a la supuesta organización. El gobierno, mientras tanto, planea una cumbre internacional para junio o julio, enfocada en el intercambio de inteligencia contra grupos de izquierda.
El punto de tensión no es solo judicial. Es estructural. El memorando NSPM 7 describe a esta supuesta amenaza como un movimiento animado por “lo antiestadunidense, el anticapitalismo y la anticristianidad; apoyo a un derrocamiento del gobierno; extremismo sobre migración, raza, y género; y hostilidad hacia aquellos que mantienen valores tradicionales”. La Unión Estadunidense para las Libertades Civiles lo calificó como “un intento deliberado para cultivar temor e intimidar y silenciar la oposición a los abusos del presidente”.
Mientras tanto, el gobierno ha desplegado tecnología de reconocimiento facial y escaneo de iris para registrar a participantes en manifestaciones. La FBI y autoridades fiscales han desarrollado una iniciativa para investigar a organizaciones civiles sospechosas de vínculos con “terrorismo doméstico”. En diciembre de 2025, Bondi ordenó un “centro de comando de control de misión” para verificar el estatus de organizaciones no gubernamentales opositoras.
La paradoja es reveladora. El gobierno federal ha logrado identificar estructuras organizativas de grupos ultraderechistas como los Proud Boys y los Oath Keepers, calificados antes de Trump como la mayor amenaza de terrorismo doméstico. Para Antifa, no existe evidencia comparable. Pero la carencia de información real no ha frenado a la Casa Blanca. El primer caso ya tiene condenados.