El ministro Figueroa propone sobreseer el amparo del empresario argumentando falta de interés jurídico; la información proviene de los Pandora Papers y abarca un periodo de hasta 10 años.
El expediente 492/2023 tiene fecha en el calendario: 9 de abril. Ese día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría sellar el destino de una de las facultades más polémicas de la Unidad de Inteligencia Financiera. El proyecto en circulación no solo niega el amparo al empresario Ricardo Salinas Pliego. Va más allá. Propone que ni siquiera se entre al fondo del asunto.
La información en disputa llegó a la UIF en diciembre de 2021. No fue una solicitud aislada. La unidad pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores datos bancarios del dueño de Grupo Salinas —y de otros 78 empresarios— tras su aparición en los Pandora Papers. La filtración periodística había vinculado a los señalados con empresas offshore y posibles esquemas de evasión fiscal y lavado de dinero.
En agosto de 2022, un juez federal, Gabriel Regis López, le dio la razón al magnate. Le otorgó un amparo. Pero la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda impugnaron. Ahora, el ministro Giovani Figueroa Mejía plantea revocar esa decisión y, en su lugar, sobreseer el juicio. ¿El argumento? Salinas Pliego carece de interés jurídico.
La lógica del proyecto es quirúrgica: la solicitud de información, sostiene, es un acto inicial. No implica sanciones. No bloquea cuentas. No modifica la situación jurídica del quejoso. Que el empresario haya conocido el requerimiento a través de una filtración periodística, añade el texto, no constituye por sí mismo un perjuicio actual. “Nos encontramos ante un acto que no afecta de manera real la esfera jurídica del quejoso”, resume el documento.
El punto de tensión es mayúsculo. Si el pleno aprueba la propuesta —para lo cual basta una mayoría simple—, la Corte no se pronunciará sobre la constitucionalidad de los artículos 115 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, ni de los artículos 192 y 212 de la Ley del Mercado de Valores. Las normas que facultan a la UIF para acceder a información financiera con fines de supervisión quedarán intactas. Y la unidad podrá seguir utilizando los datos bancarios del empresario correspondientes a un periodo de hasta una década.
El expediente lleva casi tres años en el máximo tribunal. Desde junio de 2023. Y ha acumulado retrasos. Muchos de ellos, producto de recursos presentados por el propio Salinas Pliego. Algunos le resultaron favorables, como la recusación de la ministra Lenia Batres el pasado 12 de marzo, luego de que la extinta segunda sala considerara que sus comentarios previos en redes sociales comprometían su imparcialidad.
El 17 de marzo, la Corte dio vista al empresario para que respondiera a la posible improcedencia planteada en el proyecto. Su abogado, Arvin Aguilar Villela, presentó argumentos en contra. También solicitó que el ministro Figueroa responda de manera expresa a sus alegatos y que todos los ministros reciban copia del documento antes de votar.
En el horizonte, el contexto es revelador. En lo que va del año, la SCJN ha resuelto nueve juicios fiscales relacionados con Grupo Salinas. Todos con fallos adversos que confirman créditos fiscales por casi 49 mil millones de pesos. El 9 de abril, la décima batalla podría definirse sin siquiera entrar al ring.