La iniciativa priista busca blindar económicamente a viudas y huérfanos mediante reforma constitucional y fondo especializado con recursos de bienes decomisados
33 mil homicidios en un año. Veintitrés millones de personas afectadas por delitos. Y una pregunta que atraviesa el debate legislativo: ¿quién protege a quienes quedan tras la pérdida?
El Partido Revolucionario Institucional presenta en la Cámara de Diputados una propuesta que transforma la atención a víctimas. No es ayuda temporal. No depende de voluntades políticas. Se trata de un derecho permanente: pensión mensual no inferior al salario mínimo para viudas y huérfanos de personas asesinadas por violencia vinculada al crimen organizado.
Rubén Moreira, coordinador de la bancada tricolor en San Lázaro, sostiene que la brutalidad no concluye con el asesinato. Deja hogares fracturados, economías domésticas colapsadas, futuros inciertos. La iniciativa busca evitar que la supervivencia familiar se convierta en segunda víctima del flagelo criminal.
El núcleo de la propuesta: crear el Fondo Nacional de Pensiones para Víctimas de la Violencia. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas administraría los recursos, provenientes del Presupuesto de Egresos Federal, bienes incautados al narcotráfico, donativos y otras aportaciones. Transparencia y rendición de cuentas como pilares operativos.
Pero hay más: la reforma pretende adicionar el artículo 4º constitucional. Reconocer expresamente el derecho de viudas y huérfanos a recibir soporte económico digno elevaría la protección de nivel administrativo a garantía fundamental.
El punto de tensión: cifras que interpelan. En 2024, México registró 25.6 homicidios por cada 100 mil habitantes. De cada 100 delitos, 93 no se denuncian o no avanzan en investigación. La impunidad se alimenta del silencio, y el silencio deja familias en desamparo.
Moreira enfatiza que el respaldo no puede ser asistencialismo coyuntural. Debe ser justicia constitucional, exigible, alejada de discrecionalidades. Cuando el principal proveedor económico desaparece, el Estado tiene obligación de sostener a quienes quedan.
Con la propuesta en discusión y el debate abierto, la pregunta persiste: ¿logrará esta iniciativa trascender el ruido legislativo para convertirse en protección tangible para miles de hogares? Mientras las cifras de violencia siguen marcando el ritmo del país, cada voto en San Lázaro puede definir si la memoria de las víctimas se traduce en seguridad económica para sus familias.