La mandataria federal exige apego constitucional tras versiones contradictorias sobre operativo en Chihuahua donde participaron elementos extranjeros sin notificación previa
Falso. La palabra de la presidenta Claudia Sheinbaum cortó de tajo las afirmaciones de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. La titular del Ejecutivo federal fue contundente: la Secretaría de la Defensa Nacional no tenía conocimiento de que ciudadanos estadounidenses operaran en suelo chihuahuense durante el despliegue de seguridad.
Aunque elementos castrenses participaron en el operativo —práctica habitual cuando los gabinetes de seguridad estatales lo solicitan—, esto no implica que el alto mando militar o el comandante de zona estuvieran al tanto de la presencia extranjera. La distinción es crucial: participación institucional no equivale a autorización para operaciones binacionales no protocoladas.
La reconstrucción de los hechos revela una brecha informativa que tensiona la coordinación intergubernamental. Campos Galván aseguró que Sedena estaba enterada; Sheinbaum respondió con un desmentido categórico durante la conferencia matutina. Esta contradicción pública expone fracturas en la cadena de mando y en los mecanismos de transparencia entre federación y estados.
El punto de tensión jurídica: el juramento constitucional. La mandataria recordó que tanto ella como la gobernadora y el fiscal estatal juraron hacer cumplir la Carta Magna y el marco legal vigente. “Es una obligación”, subrayó, dejando claro que el apego a derecho no es negociable ni susceptible de interpretaciones políticas.
Sheinbaum exhortó al gobierno panista de Chihuahua a esclarecer cómo ingresaron y operaron estos agentes, presuntamente vinculados a la CIA, en territorio nacional. La solicitud no es meramente informativa: busca establecer responsabilidades y garantizar que futuros despliegues respeten los protocolos de soberanía y coordinación establecidos.
Pese a la controversia, la jefa del Ejecutivo reiteró que la colaboración con Estados Unidos se desarrolla de forma correcta en todos los ámbitos. Sin embargo, enfatizó que la materia de seguridad exige apego estricto al marco normativo que regula la cooperación bilateral. Cualquier desviación, insistió, debe ser investigada y corregida.
Con el desmentido presidencial sobre la mesa y la exigencia de transparencia hacia el gobierno estatal, el caso pone a prueba los mecanismos de rendición de cuentas en operativos de seguridad. La pregunta que persiste: ¿cómo se garantizará que la coordinación federal-estatal funcione sin opacidades ni versiones encontradas?
Mientras la investigación avanza, un principio queda establecido: la Constitución no admite atajos. Y en materia de seguridad nacional, cada protocolo omitido puede tener consecuencias que trascienden lo operativo para alcanzar lo institucional.