Unificación de criterios penales, penas de hasta 70 años y registro de menores en orfandad definen el proyecto que busca cerrar espacios de impunidad en crímenes de género
Diecisiete congresos locales. Una mayoría constitucional. Y un paso histórico hacia la erradicación de la impunidad en crímenes contra mujeres.
La reforma al artículo 73 constitucional en materia de feminicidio alcanzó el umbral legislativo necesario para facultar al Congreso de la Unión en la expedición de una Ley General contra este delito. Aguascalientes, Ciudad de México, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán conforman el bloque aprobatorio que impulsa el proyecto presentado el 21 de abril por Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy.
La reconstrucción del contenido normativo revela un diseño integral. El tipo penal se homologará en todo el territorio nacional, reconociendo nueve razones de género: violencia sexual, antecedentes de agresión, relaciones de poder desiguales y exposición del cuerpo de la víctima. Las sanciones oscilarán entre 40 y 70 años de prisión, ubicándose entre las más severas del sistema penal mexicano.
El punto de tensión jurídica: 21 agravantes que intensifican la responsabilidad penal. Cuando la víctima es niña, adolescente, adulta mayor o persona con discapacidad; cuando el crimen se ejecuta frente a hijas o hijos; cuando existe historial de violencia previa. Cada circunstancia amplía el espectro de protección y endurece la respuesta estatal.
La investigación de toda muerte violenta de mujer deberá iniciarse bajo la hipótesis de feminicidio desde el primer momento. La persecución será de oficio, y tanto las sanciones como la reparación del daño se tornan imprescriptibles. Los responsables perderán derechos sucesorios, patria potestad, tutela y cualquier beneficio legal vinculado a las víctimas.
El proyecto contempla también la creación y fortalecimiento de fiscalías especializadas en cada entidad, así como un registro nacional de menores en situación de orfandad por feminicidio. En el ámbito preventivo, se establecen lineamientos para que plataformas digitales respeten la dignidad de las víctimas, evitando contenidos que revictimicen o apologicen la violencia.
Con la mayoría legislativa asegurada y el debate en marcha, una pregunta persiste: ¿logrará esta normativa transformar la respuesta institucional frente a la violencia de género? Mientras las aprobaciones estatales se acumulan y el proyecto avanza hacia el Congreso federal, el diseño de la Ley General marca un precedente: la lucha contra el feminicidio ya no depende de criterios dispersos, sino de un marco unificado que prioriza justicia, prevención y protección integral.