DEA, FBI, CBP y HSI operarían desde sede estatal en esquema de “fusión de información” mientras persiste silencio sobre autorización federal y muerte de dos agentes en operativo no reconocido
Un piso entero. Cuatro agencias federales de Estados Unidos. Una torre de seguridad estatal. Y una pregunta que atraviesa el debate: ¿quién autorizó esta presencia operativa en suelo mexicano?
La Torre Centinela, sede de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, contempla destinar el nivel 18 para la operación permanente de elementos de la DEA, el FBI, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Gilberto Loya Chávez, titular de la dependencia, confirmó que el esquema de colaboración incluye intercambio de información, videovigilancia e investigación, aunque descartó labores policiacas en campo.
La reconstrucción de los hechos revela una arquitectura de cooperación gestionada desde octubre. El centro de fusión de información concentrará plataformas tecnológicas, sistemas de análisis de datos y capacidades de videovigilancia para combatir delitos como narcotráfico, tráfico de armas y migrantes. La torre, operativa desde el 17 de abril, se perfila como nodo estratégico en la frontera norte.
El punto de tensión institucional: el gobierno estatal afirma contar con facultades para autorizar este tipo de colaboración. Sin embargo, Loya Chávez admitió que “en paralelo corren todos los procesos para que la cancillería de México autorice el siguiente nivel”. Esta dualidad normativa introduce una zona gris entre competencia estatal y soberanía federal.
El Memorándum de Entendimiento firmado en 2023 entre la gobernadora María Eugenia Campos y el gobernador de Texas, Greg Abbott, habilitó previamente el acceso de agencias estadounidenses a la plataforma “Centinela”, que integra 4,000 cámaras de videovigilancia y representa una inversión tecnológica cercana a los 200 millones de dólares. El documento establece colaboración para asegurar puertos de entrada, reducir contrabando de fentanilo y detener flujos migratorios irregulares desde más de 100 países.
La controversia se intensifica tras la muerte de dos agentes estadounidenses en una operación en Chihuahua no reconocida por el gobierno federal, episodio que activó alertas sobre posibles violaciones a la soberanía nacional. A pesar de solicitudes para que la gobernadora explique los criterios de autorización de presencia extranjera en el estado, Campos Galván no ha emitido aclaración pública.
Mientras la Torre Centinela se prepara para monitorear camiones de carga con exportaciones maquiladoras y ofrecer vigilancia con drones para el muro fronterizo, y el FBI suscribe convenios de capacitación con autoridades estatales, el debate trasciende lo operativo: ¿puede la seguridad fronteriza justificarse sin apego estricto a los protocolos de soberanía establecidos en la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional?
Con la información fusionada y los protocolos en suspenso, la pregunta persiste: ¿dónde termina la colaboración legítima y comienza la injerencia no autorizada?