Tras reunión entre García Harfuch y Campos, el gobierno federal reitera que toda colaboración internacional en seguridad debe transitar por la SRE y apegarse a la Constitución
Soberanía. Principios. Leyes. Tres conceptos que Claudia Sheinbaum colocó como innegociables tras la controversia por la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo de seguridad en Chihuahua.
La mandataria confirmó que Omar García Harfuch, titular de la SSPC, sostuvo un encuentro privado con la gobernadora María Eugenia Campos. El intercambio, descrito como cordial, tuvo un propósito claro: solicitar información sobre el despliegue y recordar los protocolos que rigen la cooperación con gobiernos extranjeros.
La reconstrucción de los hechos revela una cadena institucional precisa. Ante la ausencia de seguimiento de procedimientos establecidos, el secretario de Seguridad transmitió a la titular estatal los principios legales obligatorios: cualquier coordinación con agencias internacionales debe canalizarse a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores o del gabinete federal de Seguridad, conforme a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
El punto de tensión: la soberanía nacional. Sheinbaum fue enfática: “Hay algo que no se negocia, se llama soberanía y principios”. La defensa del territorio, subrayó, tiene costos históricos para México, incluyendo la pérdida territorial en el pasado. Por ello, cada orden de gobierno debe sujetarse al marco jurídico al colaborar con actores externos.
Este viernes, el Ejecutivo federal envió una comunicación a todos los gobiernos estatales para reforzar estos lineamientos. El documento establece que, en caso de trabajar con agencias de Estados Unidos u otros países, es indispensable contar con autorización de la SRE y mantener seguimiento institucional para garantizar transparencia y apego a derecho.
La presidenta aclaró que sí existe coordinación con agencias estadounidenses en materia de seguridad, incluso con personal autorizado por la cancillería. Sin embargo, precisó que esta colaboración se desarrolla sin subordinación ni injerencismo, respetando la autonomía decisional de México.
Sheinbaum rechazó versiones que vinculaban el cuestionamiento al operativo con una falta de reconocimiento a resultados estatales. Recordó que, desde el inicio de su administración, la federación ha desmantelado más de 2,500 laboratorios clandestinos en trabajo conjunto con entidades federativas.
Con la solicitud de información en curso y los principios jurídicos reafirmados, el gobierno federal marca una línea clara: la colaboración internacional es bienvenida, pero nunca a costa de la soberanía. Mientras Chihuahua proporciona los datos requeridos, el debate trasciende lo operativo para instalarse en el terreno de los fundamentos constitucionales que rigen la seguridad nacional.