Jorge Romero minimiza operativo clandestino en Chihuahua mientras Sheinbaum prepara informe pormenorizado sobre presencia extranjera no autorizada en territorio nacional
Dos cadáveres. Una operación encubierta. Y una defensa partidista que coloca la eficacia por encima del marco constitucional.
La muerte de dos agentes de la CIA en la sierra chihuahuense destapó un esquema operativo sin aval federal. Frente a la controversia, Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, activó un mecanismo de protección para la gobernadora Maru Campos Galván: priorizar los “resultados” del decomiso de metanfetamina sobre el estricto cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional.
La reconstrucción de la narrativa panista revela una estrategia calculada. Romero, mediante comunicado oficial, no solo respaldó a la mandataria estatal, sino que aplaudió un operativo donde oficiales de inteligencia estadounidenses actuaron sin autorización de la Federación. Para la nueva dirigencia blanquiazul, el hecho de que agentes extranjeros combatieran narcotráfico en suelo mexicano constituye un “detalle menor” frente al éxito del aseguramiento de sustancias ilícitas.
El punto de tensión jurídica: el control de la seguridad nacional y la coordinación con agencias foráneas son facultades exclusivas de la Unión, no concesiones discrecionales de los gobiernos estatales. Sin embargo, el PAN intentó trasladar la responsabilidad política hacia Palacio Nacional, reclamando una supuesta “politización” del caso por parte del gobierno federal, en lugar de reconocer las irregularidades protocolarias del despliegue.
Bajo esta lógica, Romero sostuvo que correspondería a la Federación —y no al estado— autorizar, supervisar y explicar la participación de elementos extranjeros. Esta postura omite que la gobernadora tenía la obligación institucional de informar sobre la presencia de “invitados” operando en su territorio. El Gabinete de Seguridad confirmó que los agentes ingresaron con permisos turístico y diplomático, no con autorización para labores de inteligencia o combate.
El control de daños de la administración de Campos ha sido, cuando menos, errático. Inicialmente, la mandataria describió a los fallecidos como “instructores de drones”. Tras la presión institucional y el deceso confirmado, acudió a una reunión de emergencia con Omar García Harfuch, secretario federal de Seguridad. De ese encuentro emergió una revelación crucial: los agentes carecían de permiso para participar en operativos de seguridad en México, vulnerando así los acuerdos de cooperación binacional.
Pese a estas evidencias, Romero insistió en calificar la actuación de Campos como ejemplo de “carácter, decisión y compromiso” contra los cárteles. Lo que el comunicado no aclara: ¿cómo se ejerce firmeza cuando se permite que una potencia extranjera opere por la libre, sin notificar a la SEDENA ni a la SSPC?
La pregunta que interpela al PAN: si las autoridades estatales no sabían de la participación operativa de los agentes, se trata de una falla grave de coordinación; si sí lo sabían, deben explicar bajo qué condiciones se permitió. Mientras el debate se instala, Claudia Sheinbaum presentará mañana un informe pormenorizado sobre el caso.
Con la soberanía en la balanza y la rendición de cuentas pendiente, el episodio trasciende lo partidista: en México, la seguridad no se negocia, y menos cuando involucra la presencia armada de extranjeros en territorio nacional.