El Senado estadounidense tumba una resolución que pretendía arrebatarle al Ejecutivo el control de las operaciones militares y el cerco energético en la isla.
El Capitolio se convirtió este 28 de abril en el escenario de una derrota estratégica para el ala demócrata. Con una votación cerrada de 51 votos contra 47, el Senado de los Estados Unidos sepultó la iniciativa que buscaba condicionar cualquier despliegue de fuerza o bloqueo energético contra Cuba a la aprobación previa del Congreso. La resolución de poderes de guerra, impulsada por el senador Tim Kaine, pretendía poner fin a la autonomía de Donald Trump en el manejo de la crisis caribeña, pero chocó con un bloque republicano que mantiene su respaldo irrestricto al presidente.
El argumento central del oficialismo parlamentario para desechar la propuesta fue la inexistencia de un conflicto armado convencional. Según los republicanos, no existe razón para limitar las facultades ejecutivas, dado que Estados Unidos no se encuentra en “hostilidades abiertas” contra el gobierno de la isla. Sin embargo, para los demócratas, el despliegue de la Guardia Costera y otros activos militares para asfixiar el flujo petrolero ya constituye, en la práctica, un acto hostil de guerra económica que está devastando la infraestructura cubana.
La situación en la isla es crítica. Mientras Washington presiona por reformas económicas, el fin de la represión política y la liberación de detenidos, la población padece cortes de suministro eléctrico y falta de agua potable. Tim Kaine denunció que este cerco ha provocado una emergencia humanitaria que golpea el sistema médico y dispara el costo de vida. “Ya estamos involucrados en hostilidades”, subrayó el legislador, señalando el uso de la fuerza estadounidense para ejecutar el embargo.
Este revés legislativo ocurre tras las recientes y polémicas declaraciones de Donald Trump, quien en marzo de este año expresó su ambición personal de ser el mandatario que finalmente “se haga con Cuba”. Ante este panorama, los demócratas intentaron utilizar la Ley de Poderes de Guerra de 1973 para reafirmar la autoridad del Congreso, temiendo que la actual presión derive en una campaña militar abierta. Por ahora, el control de la estrategia —y de los recursos militares en el Caribe— permanece exclusivamente en el Despacho Oval.