Archivos confidenciales exponen una estructura de libertinaje y negocios ilícitos donde los perseguidores terminaron administrando las finanzas y el arsenal de los grandes cárteles.
La guerra contra el narcotráfico no se perdió en las calles; se vendió en hoteles de lujo y oficinas federales. Una filtración masiva de miles de registros oficiales ha dejado al descubierto que la DEA no solo falló en su misión, sino que sus elementos se integraron activamente en el engranaje del crimen transnacional. Lo que debían ser operativos de inteligencia se transformaron en una “gira mundial de libertinaje”, financiada con el erario y el lavado de activos, donde el sexo ilícito, el alcohol y el consumo suntuoso eran la norma.
El cinismo alcanzó su punto máximo con las revelaciones de José Irizarry. El exagente, hoy sentenciado, confesó que su unidad, el autodenominado “Equipo América”, operó con absoluta impunidad en tres continentes. Lejos de combatir a las mafias colombianas, Irizarry lavó su dinero y desvió fondos públicos para costear una vida de excesos internacionales. Según su propio testimonio, la corporación es consciente de que la lucha antidrogas es un “juego” que no se puede ganar, por lo que decidieron participar en él para beneficio personal, extrayendo millones de bienes confiscados.
La complicidad escaló hacia el suministro bélico. Paul Campo, un veterano con un cuarto de siglo en la agencia, fue señalado por conspirar para dotar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de armas de grado militar, drones y explosivos. Junto a su socio Robert Sensi, no solo blanqueó cerca de 12 millones de dólares para este grupo —incluyendo el uso de criptomonedas—, sino que pactó beneficios directos por la distribución de cocaína en suelo estadounidense. El perseguidor se convirtió en el logístico de una organización designada como terrorista.
El rastro de la degradación llega hasta las comunicaciones internas. Chats de WhatsApp revelan a agentes mofándose de agresiones sexuales y compartiendo registros de sus excesos en Europa. En Madrid, el caso de George Zoumberos por abuso sexual encendió las alertas en Washington, aunque terminó en una simple amonestación. Esta cultura se extendió a sobornos por información confidencial en Miami y la protección de capos en Nueva York por parte de supervisores como Joseph Bongiovanni, quien utilizó su autoridad para blindar a traficantes locales.
Incluso las festividades en Colombia fueron patrocinadas por el narco. Reportes confirman que agentes de la DEA asistieron a eventos con trabajadoras sexuales pagadas directamente por los cárteles. Ante este panorama de descomposición interna, la justicia neoyorquina ha dirigido ahora sus reflectores hacia el ámbito político sudamericano, vinculando a figuras como Nicolás Maduro en procesos de narcoterrorismo, mientras la credibilidad de la agencia que debe aportar las pruebas se desmorona bajo el peso de su propia corrupción estructural.