Lo que fue anunciado como un golpe histórico al narcotráfico se desmorona tras revelarse que no hubo decomiso de droga y que la operación contó con una cuestionable intervención extranjera.
La narrativa oficial sobre el presunto “narcolaboratorio más grande del país” ha dado un giro de 180 grados. A casi dos semanas del despliegue realizado entre el 18 y 19 de abril en territorio chihuahuense, informes oficiales confirman un dato demoledor: las autoridades no hallaron un solo gramo de sustancias ilícitas terminadas en el sitio. El operativo, que inicialmente fue presentado como un éxito sin precedentes por el entonces fiscal César Jáuregui Moreno, se ha convertido ahora en un escándalo de integridad institucional y soberanía nacional.
El inventario de lo asegurado contradice la magnitud de las declaraciones iniciales. En lugar de metanfetaminas o fentanilo listos para su distribución, las fuerzas del orden encontraron una instalación abandonada que contenía tambos de mil litros, calderas, cilindros de gas y recipientes con sustancias rotuladas de manera ambigua como “material blanco” o “material negro”. Lo más llamativo para los expertos en criminalística es la ausencia total de herramientas críticas para la producción a gran escala: no había básculas, prensas, filtros, embudos ni equipo de protección personal, elementos indispensables en cualquier centro de manufactura de drogas sintéticas.
Sin embargo, el vacío de pruebas químicas es solo una parte de la crisis. El operativo desencadenó un terremoto político tras confirmarse la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. Esta colaboración, calificada como una violación directa a la Constitución y a la soberanía de México, forzó la renuncia inmediata de Jáuregui y obligó a la gobernadora Maru Campos a entablar un diálogo de emergencia con el Gobierno Federal para explicar la naturaleza de esta incursión extranjera en suelo estatal.
Hoy, la pregunta que domina la agenda nacional es sobre la motivación de este despliegue. Si bien se aseguraron precursores químicos pendientes de análisis, la falta de producto terminado y de equipo de procesamiento sugiere que el sitio podría no ser la fábrica de alta capacidad que se publicitó. Entre la renuncia del fiscal y el silencio sobre la injerencia de la CIA, el caso de Chihuahua se perfila más como una crisis de diplomacia y legalidad que como un triunfo contra el crimen organizado.