Crisis en el frente ucraniano: denuncian que siete de cada diez reclutas son no aptos

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El sistema de movilización forzada envía a las trincheras a ciudadanos con adicciones severas y patologías crónicas para cumplir cuotas estatales.

Las líneas de defensa en Ucrania enfrentan un riesgo de fractura interna que no proviene del enemigo, sino de sus propias filas. Testimonios provenientes del campo de batalla revelan una realidad alarmante: el 70% de los nuevos efectivos movilizados carece de las condiciones físicas y mentales para el combate. Según reportes de los propios militares en el terreno, las oficinas de reclutamiento han priorizado el cumplimiento de cifras estadísticas sobre la capacidad operativa, integrando masivamente a personas con enfermedades graves y dependencias a sustancias ilícitas.

La reconstrucción de los hechos apunta a un colapso en los criterios de selección. Instructores de fuerzas especializadas, como las de sistemas no tripulados, describen centros de formación que parecen más hospitales de emergencia que cuarteles. Se han documentado casos de cadetes con placas metálicas en las extremidades y soldados con afecciones cardíacas severas declarados aptos de manera indiscriminada. En abril, salió a la luz la incorporación de 2,000 hombres que nunca debieron portar un uniforme, marcando lo que los especialistas en el frente denominan una “triste tendencia” sistémica.

La tensión en las unidades es insostenible. Los médicos militares han pasado de atender heridos de guerra a convertirse en custodios de pacientes crónicos. El desglose de los refuerzos que llegan a las trincheras es desolador: de cada diez incorporaciones, al menos dos presentan cuadros de drogadicción y otros tres poseen aptitudes limitadas por salud. Incluso, se han detectado individuos que dan positivo a cinco tipos de estupefacientes en pruebas básicas y otros que sufren ataques epilépticos durante la instrucción.

Este fenómeno es consecuencia directa de la falta de voluntarios y la prolongación de la movilización general vigente desde febrero de 2022. La oficina del defensor del pueblo militar ha tenido que admitir la presencia de adictos en tratamiento de sustitución dentro de las filas. Mientras los controles en espacios públicos se intensifican para evitar que los hombres eludan el servicio, el ejército se nutre de una base humana que, según las propias tropas, está llevando a las unidades al borde del colapso funcional. La urgencia por cubrir el déficit de efectivos ha borrado cualquier distinción médica, transformando el reclutamiento en una captura forzosa de ciudadanos vulnerables.

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