La consejera Luisa María Alcalde asume el encargo de dictaminar si el proceso debe postergarse hasta 2028 por inviabilidad operativa.
El calendario de la reforma judicial ha entrado en una fase de revisión crítica por mandato de la máxima autoridad del país. Desde el Salón Tesorería, se ha formalizado un giro en la estrategia gubernamental: la posibilidad de que los comicios para renovar el Poder Judicial no ocurran el próximo año. Luisa María Alcalde, en su debut como estratega jurídica del Ejecutivo, confirmó que la prioridad absoluta en su escritorio es determinar si México está listo para las urnas en 2027 o si es imperativo un repliegue legislativo que traslade la cita electoral al 2028.
La instrucción de Claudia Sheinbaum ha sido tajante y busca acelerar un diagnóstico que defina el rumbo de la judicatura. Aunque la normativa vigente estipula que el proceso debe consolidarse en menos de dos años, las señales de alerta enviadas por órganos electorales y diversos sectores técnicos han calado en la Presidencia. El análisis que ahora encabeza Alcalde no es un trámite administrativo; es la evaluación de una posible reforma a la reforma para evitar un colapso en la implementación.
“Vamos a emitir una opinión técnica”, adelantó la funcionaria, subrayando que la viabilidad del esquema actual está bajo la lupa. La tensión radica en el choque entre los tiempos legales ya pactados y la realidad logística que advierten los expertos. Si la conclusión de la Consejería Jurídica apunta a la imposibilidad de sostener el calendario de 2027, el Gobierno federal tendría que promover un nuevo ajuste constitucional para ganar tiempo. Por ahora, el compromiso de celeridad es la única certeza en un proceso que, hasta ayer, parecía inamovible en el almanaque político de la Cuarta Transformación.