La administración federal cuestiona la ruptura del secreto procesal y condiciona las capturas de diez ciudadanos a la entrega de pruebas reales.
La confidencialidad, pilar de la cooperación binacional, ha sido dinamitada. Desde el Salón Tesorería, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó una interrogante que pone en jaque la estrategia del Departamento de Justicia de Estados Unidos: ¿Cuál era la finalidad de exponer a “ocho columnas” un requerimiento que, por norma, debía ser sigiloso? La mandataria denunció una filtración deliberada en torno al caso de Rubén Rocha Moya, quien apenas el viernes pasado se apartó de la gubernatura de Sinaloa tras ser vinculado por oficinas neoyorquinas con estructuras del narcotráfico.
El conflicto escaló de lo mediático a lo técnico-jurídico. Una delegación judicial en Nueva York ha formalizado un requerimiento de captura provisional para extraditar a diez ciudadanos mexicanos, incluyendo al ahora gobernador con licencia. Sin embargo, la respuesta de México ha sido un muro de exigencia legal. Bajo la instrucción presidencial, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha cuestionado la naturaleza de la “urgencia” alegada por los estadounidenses. La Fiscalía General de la República, tras un primer análisis, dictaminó un vacío de evidencias: no existen elementos aportados por Washington que justifiquen, hasta ahora, una detención inmediata.
“Pruebas”, es la palabra que resuena en los pasillos de Palacio Nacional. La jefa del Ejecutivo adelantó que la diplomacia mexicana no cederá hasta que se entreguen los soportes documentales que sostengan las graves imputaciones. Aunque Sheinbaum fue enfática al declarar que su gobierno no opera como un escudo de protección para nadie, dejó claro que la justicia no puede ejecutarse sobre acusaciones vacías de sustento fáctico. La orden es tajante: sin pruebas de la urgencia, no hay avance en el proceso.
En el fondo de esta pugna subyace una defensa ideológica férrea. La Presidenta retomó las máximas del exmandatario López Obrador para recordar que, ante la incertidumbre, los ideales deben guiar la política nacional. En este escenario, la soberanía de México se ha posicionado como un activo no intercambiable bajo ninguna circunstancia. Para la administración actual, la dignidad del país y la patria están por encima de cualquier presión externa, reafirmando que el Estado no se doblegará ante requerimientos extranjeros que ignoren los protocolos de discreción y el rigor judicial necesario.