La movilización ciudadana escala a conflicto político tras el despliegue de agentes extranjeros y la muerte de funcionarios en territorio estatal.
La soberanía de Chihuahua ha entrado en una fase de vigilancia civil extrema. Un contingente masivo, integrado por ciudadanos de las regiones más emblemáticas de la entidad como Delicias, Parral y Ciudad Juárez, convergió en el corazón de la capital para emitir una sentencia política: la salida de la gobernadora María Eugenia Campos Galván. El detonante de este levantamiento no es otro que la opacidad tras el fatídico 19 de abril, fecha en la que un siniestro carretero desnudó la presencia de inteligencia estadounidense operando en estructuras de seguridad locales.
El recorrido, que partió de la glorieta de Francisco Villa a media mañana, transformó la avenida Universidad en un pasillo de reclamos donde la consigna principal exigía un juicio político a la mandataria. Los manifestantes pusieron sobre la mesa la contradicción oficial: versiones encontradas de la administración estatal sobre por qué personal de la CIA participaba en misiones donde perecieron tanto agentes norteamericanos como servidores públicos mexicanos. Para los oradores del mitin, este escenario representa una claudicación ante intereses foráneos que compromete la autonomía del Estado.
La crisis de confianza ha mutado en acción legal. En las escalinatas del Palacio de Gobierno, se formalizó el inicio de una colecta de rúbricas ciudadanas con el fin de procesar la remoción de Campos del cargo. El argumento de la protesta es tajante: no puede haber esclarecimiento de los hechos mientras quien encabeza el Ejecutivo estatal siga en funciones, especialmente cuando la sombra del intervencionismo extranjero planea sobre las instituciones de seguridad. “Queremos soberanía”, fue el grito que unificó a los diversos sectores presentes, subrayando un rechazo absoluto a cualquier pacto que permita la injerencia externa.
El punto más álgido de la jornada ocurrió durante el mitin final, donde se desmenuzó la actuación de las autoridades locales frente al escándalo del operativo binacional. La desconfianza radica en el manejo de la información posterior al accidente, lo que ha llevado a la población a demandar una auditoría total de la política de seguridad pública. Chihuahua se encuentra hoy en un punto de no retorno, donde la permanencia de la mandataria panista está supeditada a un reclamo social que prioriza la integridad nacional sobre los acuerdos de cooperación vigentes.