Un diagnóstico del INDEP revela extorsiones y anomalías en la liquidación de la Financiera Nacional; 60 mil productores recuperarán su patrimonio.
El Estado mexicano ha decidido intervenir de manera radical en el proceso de liquidación de la Financiera Nacional para el Desarrollo (FND). Tras detectar un ecosistema de irregularidades que incluía extorsiones, despachos externos con control de litigios y tácticas de cobro indebidas, la Presidenta Claudia Sheinbaum oficializó una estrategia de saneamiento financiero que implica la condonación y reestructuración de pasivos por un monto de 11,120 millones de pesos. La medida, que no generará un impacto presupuestario adicional, busca frenar el asedio contra cerca de 70 mil beneficiarios que se encontraban atrapados en créditos impagables.
El hallazgo de una estructura de abusos La investigación interna, encabezada por Mónica Fernández Balboa desde el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), sacó a la luz una gestión deficiente de garantías y una concentración de procesos judiciales en manos privadas. Según los reportes, el diagnóstico a fondo permitió identificar que miles de pequeños productores estaban siendo presionados mediante esquemas de cobranza viciados tras la desaparición de la financiera en 2023. Ante esta crisis, la Secretaría de Hacienda y la dirección del INDEP diseñaron un mecanismo que prioriza la liberación automática de deudas para los sectores más vulnerables.
Justicia financiera con perspectiva de género El plan de rescate tiene un enfoque quirúrgico. En el caso de las mujeres del campo, el beneficio es casi absoluto: el 99.9% de las deudoras saldrá del sistema de cobro. Específicamente, más de 11,000 mujeres con créditos menores a 397,551 pesos recibirán el perdón total de su deuda. Para los pequeños productores varones, la cifra supera los 29,000 beneficiarios con cancelación inmediata de sus saldos. El objetivo no es solo la limpieza contable, sino la recuperación de garantías y la suspensión de juicios que mantenían paralizada la actividad productiva de miles de familias.
Liquidez sin gasto público María del Carmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda, precisó que la cartera de 11,120 millones de pesos ya estaba reservada para el proceso de liquidación, lo que permite que el programa sea financieramente viable sin requerir recursos nuevos del erario. Esta “vía real” de regularización busca que los afectados limpien su historial en el Buró de Crédito y puedan reinsertarse en el sistema de financiamiento formal.
La estrategia de la administración Sheinbaum no se limita a la condonación; se han instalado 43 centros de atención directa en el país para eliminar a los intermediarios que perpetuaban las extorsiones. Con la publicación de las bases en el Diario Oficial de la Federación, se cierra un capítulo de opacidad administrativa en el sector rural, priorizando el ordenamiento y la depuración de una cartera que, hasta hace poco, se consideraba perdida entre litigios y acoso financiero.