La reforma impulsada por Claudia Sheinbaum busca erradicar la disparidad penal que mantenía en la sombra al 75% de las agresiones.
El sistema judicial mexicano ha iniciado una metamorfosis definitiva para frenar la impunidad estructural que rodea la muerte violenta de mujeres. A partir de hoy, 7 de mayo, tras su aparición en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 73 constitucional otorga al Poder Legislativo federal la facultad exclusiva de dictar las reglas del juego. No se trata de un cambio menor: es el fin de la fragmentación jurídica que permitía que apenas una cuarta parte de estos crímenes se catalogaran correctamente como feminicidios.
El peso de una iniciativa presidencial Bajo el impulso directo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la modificación del artículo 73, fracción XXI, inciso a), fue ratificada con una velocidad inusual. La propuesta, que nació desde el Ejecutivo, recorrió un camino de consenso absoluto: 109 senadores y 27 congresos locales blindaron el decreto. Esta urgencia responde a una realidad sangrienta: 721 víctimas en 2025 y un arranque de 2026 que ya suma 148 expedientes más. La disparidad entre los códigos estatales y el federal ya no será un obstáculo para la justicia.
Radiografía de la nueva Ley General El Congreso de la Unión tiene ahora 180 días naturales para redactar la legislación que uniformará la prevención y el castigo en todo el territorio. La estrategia de Sheinbaum es punitiva y reparadora: penas que escalan hasta los 70 años de prisión y multas que podrían llegar a las dos mil UMAs. El rigor se intensificará mediante agravantes específicas cuando las víctimas pertenezcan a grupos vulnerables, como niñas, gestantes, periodistas o defensoras de derechos humanos.
Justicia para los sobrevivientes Uno de los pilares de esta investigación normativa es la atención a las víctimas indirectas. La futura ley general obligará a un esquema de reparación que incluya a los menores en situación de orfandad, un sector históricamente ignorado por la burocracia penal. Mientras el nuevo marco legal se cocina en las cámaras, las leyes actuales servirán de puente, pero el objetivo final es claro: que ninguna fiscalía estatal pueda evadir la tipificación de feminicidio por tecnicismos locales. El Estado mexicano, bajo esta nueva directriz constitucional, busca finalmente llamar a la violencia de género por su nombre y con una sola voz.