La mandataria chihuahuense niega haber autorizado la incursión de la CIA mientras Morena formaliza el juicio político por traición a la soberanía.
El tablero político en Chihuahua ha entrado en una fase de colapso institucional. Ante la inminente ofensiva de Morena, la gobernadora María Eugenia Campos Galván ha optado por una defensa que, lejos de apaciguar las aguas, ha profundizado la incertidumbre sobre quién manda realmente en las corporaciones de seguridad del estado. Al asegurar que no gestionó, autorizó ni supo de la presencia de oficiales estadounidenses en el reciente operativo contra el narcotráfico, la panista se ha colocado en el centro de una paradoja administrativa: si no mintió, entonces ha perdido el mando sobre su propia Fiscalía.
El vacío de autoridad estatal La reconstrucción de los hechos arroja una interrogante que la administración estatal no ha logrado despejar. Resulta inverosímil para sus detractores que una movilización de alto impacto, con participación de inteligencia extranjera, se ejecutara a espaldas de la titular del Ejecutivo. Esta supuesta ignorancia operativa abre una brecha constitucional peligrosa. Si las agencias de la CIA actuaron sin el consentimiento de la gobernadora, el estado de derecho en Chihuahua habría sido suplantado por intereses externos bajo la mirada omisa de las autoridades locales.
La ofensiva de Morena: Hacia el desafuero Desde la cúpula nacional del partido guinda, la respuesta ha sido una declaración de guerra jurídica. Ariadna Montiel, líder de Morena, ha calificado la situación como un agravio directo a la nación. La estrategia está trazada: movilizaciones en territorio chihuahuense y la activación de un juicio político. El argumento central no se limita a la gestión de la seguridad, sino a la violación de la Ley de Seguridad Nacional, acusando a Campos de permitir intervenciones extranjeras sin la debida notificación y coordinación con el Gobierno Federal.
Soberanía bajo sospecha El conflicto ha escalado de un problema de seguridad pública a una crisis de soberanía nacional. La falta de un canal institucional transparente para la participación de elementos foráneos es el punto de mayor tensión. Para la oposición, la defensa de la gobernadora es insuficiente para disipar las dudas sobre la legalidad de los tratados de cooperación en su entidad. Mientras Maru Campos intenta desmarcarse de la logística del operativo, la presión política se mantiene firme, alimentada por la sospecha de que Chihuahua operó como un enclave autónomo fuera del pacto federal.
Un futuro incierto en el legislativo El desenlace de esta controversia ahora depende de las instancias legislativas. La disyuntiva planteada es demoledora para la imagen de la mandataria: o hubo una anuencia secreta que saltó los protocolos federales, o existe una fractura interna donde sus mandos de seguridad operan con agencias internacionales sin rendirle cuentas. En cualquier caso, el proceso de juicio político avanza, dejando a la gobernadora en una posición de vulnerabilidad inédita frente al escrutinio nacional.