La administración federal bloquea el envío de 10 ciudadanos a EE. UU. y exhibe el rezago de 38 capturas urgentes negadas por el Departamento de Justicia.
La diplomacia judicial entre México y Estados Unidos ha entrado en un punto de fricción sin precedentes. Bajo el argumento de una soberanía blindada por el sistema penal acusatorio, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha condicionado la entrega de ciudadanos mexicanos a la entrega formal de evidencias. La mandataria reveló una estadística que altera el equilibrio de la cooperación bilateral: existen 38 expedientes de extradición solicitados por México que permanecen en el limbo, luego de que las autoridades estadounidenses rechazaran las capturas urgentes alegando una supuesta carencia probatoria.
Esta revelación surge como un contraataque institucional frente a la reciente embestida de una oficina del Departamento de Justicia en Nueva York, que reclama la entrega inmediata de 10 figuras públicas, entre las que destaca el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Sheinbaum ha instruido a la Consejería Jurídica, encabezada por Luisa María Alcalde, y al funcionario Roberto Velasco de Relaciones Exteriores, para realizar un diagnóstico profundo sobre los casos acumulados en los últimos años donde Washington ha cerrado la puerta a las peticiones mexicanas.
El conflicto ha trascendido lo jurídico para instalarse en el terreno de la narrativa política. La Presidenta denunció una campaña de desinformación que pretende reducir su margen de maniobra a tres salidas simplistas: la entrega inmediata, el encarcelamiento local o la omisión total. Sin embargo, el Ejecutivo Federal ha impuesto una cuarta vía obligatoria: el cumplimiento de la Carta Magna. La postura es tajante: sin el sustento legal que exige el proceso penal mexicano, no habrá procedencia alguna, independientemente del peso de los señalamientos de narcotráfico provenientes del exterior.
La tensión alcanzó su punto máximo cuando Sheinbaum cuestionó directamente la validez de las acusaciones contra el gobernador Rocha Moya. La exigencia es que la Fiscalía General de la República reciba los elementos de prueba antes de cualquier acción de captura, desmarcando la decisión de una voluntad política y situándola en el cumplimiento estricto de la ley. Se trata de un pulso por el respeto a los tiempos procesales de México, donde la presidenta enfatizó que su prioridad es resguardar la soberanía frente a solicitudes que, hasta ahora, carecen de respaldo documental en territorio nacional.
El Estado mexicano, según la visión ratificada desde Palacio Nacional, mantendrá una línea de acción unificada entre la Presidencia, la Fiscalía y el Poder Judicial. El mensaje para Washington es claro: la reciprocidad en la entrega de pruebas será la única moneda de cambio aceptada para reactivar los mecanismos de extradición que hoy permanecen congelados.