La auditoría de un panel internacional de Sídney convalida el mayor avance en pacificación en diez años mientras el Ejecutivo blinda la soberanía.
La estructura de la seguridad pública en el territorio nacional ha experimentado un quiebre estadístico sin precedentes que redefine el debate sobre la soberanía. De acuerdo con las mediciones globales del Instituto para la Economía y la Paz, una organización de investigación no partidista con presencia en capitales como Sídney, Nueva York y La Haya, las condiciones de convivencia civil registraron un avance del 5.1% a lo largo de 2025. Este indicador se posiciona como la transformación positiva más profunda de la que se tenga registro en los últimos diez años, ligando además el sexto año consecutivo de progreso ininterrumpido en los índices de tranquilidad.
El núcleo de este viraje metodológico reside en la contracción de las muertes violentas. Las variables analizadas por el panel internacional atribuyen este alivio a un descenso del 22.7% en la tasa de homicidios, una reducción que se traduce en que aproximadamente 7 mil personas salvaron la vida en comparación con los registros consolidados de 2024. Al exponer este diagnóstico en su comparecencia matutina desde Palacio Nacional, el Ejecutivo Federal sostuvo que los datos convalidan el cambio de tendencia iniciado con la gestión de Andrés Manuel López Obrador, argumentando que la transparencia y la rectitud administrativa han modificado el escenario que anteriormente se encontraba en franco deterioro.
El balance oficial funcionó como plataforma para desmantelar la doctrina de seguridad implementada durante el sexenio de Felipe Calderón. La actual administración contrapuso la tendencia de pacificación con los resultados del combate frontalizado del pasado, un periodo en el que las ejecuciones diarias escalaron de 27 a más de 70 casos en un lapso de seis años. El cuestionamiento central apunta a la inviabilidad de edificar estabilidad social mediante un diseño bélico, denunciando que en esa época se facilitó la operación directa de oficinas de inteligencia norteamericanas en procedimientos operativos dentro del suelo nacional.
Esta revisión histórica derivó en un deslinde tajante respecto a la subordinación externa. El Gobierno de México remarcó que las decisiones en el ámbito local corresponden estrictamente al mandato popular, rechazando cualquier esquema donde agencias de otros países asuman facultades de mando en el interior del Estado. En este sentido, se reconoció que existen sectores en el espectro político de Estados Unidos que pretenden instrumentalizar el escenario mexicano como insumo propagandístico de cara a sus elecciones de noviembre, si bien se desvinculó de estas dinámicas al mandatario Donald Trump bajo la premisa de que el país posee la dignidad para no convertirse en el blanco de campañas ajenas.
El plano local de la discusión escaló hacia la confrontación directa con los liderazgos de la oposición, quienes sostienen la tesis de supuestos acuerdos con organizaciones delictivas. La respuesta gubernamental fue contundente al señalar que el quiebre con las redes de complicidad delictiva se ejecutó de raíz en 2018. Dentro de esta réplica, se recordaron las anomalías en el sector de la vivienda que vinculan a colaboradores cercanos del dirigente panista Jorge Romero, así como el historial administrativo del presidente del PRI, Alejandro Moreno. El Ejecutivo cerró la sesión reivindicando las crónicas militares del general estadounidense Ulysses S. Grant sobre el conflicto del siglo XIX, utilizándolas como un llamado a la memoria histórica para cimentar la autodeterminación frente a las presiones del exterior.