La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional convierte las deudas millonarias en herramienta de presión financiera contra migrantes indocumentados que no se presentaron a sus audiencias.
Dieciocho mil dólares. Ese es el monto que el gobierno de Donald Trump quiere cobrarle a cada migrante detenido por el ICE que no acató su orden de deportación. No es una sanción simbólica. Es una cifra diseñada para hacer imposible quedarse.
El Departamento de Seguridad Nacional publicó la propuesta en el Registro Federal, elevando de manera drástica la multa vigente: en septiembre pasado, la tarifa era de 5,000 dólares; en noviembre la ajustaron a 5,130 por efecto de la inflación. Ahora buscan triplicarla de golpe hasta los 18,000. El salto no es gradual. Es una señal.
El argumento oficial del DHS para justificar el incremento es de naturaleza contable. La agencia argumenta que la tarifa anterior no alcanzaba a cubrir los gastos reales que genera la captura de una persona con orden de expulsión emitida en ausencia, es decir, aquellos migrantes que fueron notificados para comparecer ante un tribunal de inmigración y simplemente no se presentaron. Según la dependencia, el cálculo debe incluir desde el costo del arresto hasta los gastos indirectos: capacitación de personal, vehículos operativos, logística de procesamiento y expulsión.
Pero la justificación financiera es solo una parte del cuadro. El DHS fue explícito sobre el segundo propósito de la medida: ejercer presión económica sobre la comunidad indocumentada para inducir procesos de autodeportación. La deuda de 18,000 dólares no pretende solo recuperar costos. Pretende convencer a quienes tienen órdenes de deportación pendientes de que marcharse por su propia voluntad resulta menos costoso que enfrentar la detención y la multa.
Es una estrategia de disuasión convertida en política fiscal.
Las órdenes de deportación en ausencia son emitidas cuando un migrante, habiendo recibido notificación oficial de su audiencia migratoria, no comparece ante el tribunal. Ese mecanismo legal existe desde antes de la administración Trump, pero la actual propuesta lo convierte en un instrumento financiero de mayor alcance: si el ICE te localiza después de esa orden, pagas. Y ahora pagarías el triple.
La propuesta aún no es definitiva. El DHS habilitó un período de consulta pública que cierra el próximo 22 de junio, durante el cual ciudadanos y organizaciones civiles pueden presentar comentarios formales. Es el espacio institucional disponible antes de que la medida pueda formalizarse.
Lo que ya está claro es la dirección. El gobierno de Trump consolida una arquitectura de presión que combina detenciones, multas crecientes y amenazas económicas para acelerar la salida de migrantes indocumentados sin necesidad, en algunos casos, de ejecutar directamente las deportaciones. Si la deuda es impagable, la lógica de la política es que el migrante elegirá irse solo.
Hasta el 22 de junio, la propuesta está abierta. Después de esa fecha, podría convertirse en regla.