La mandataria recibió al secretario de Seguridad estadounidense con un mensaje claro sobre los límites legales, mientras cancela una visita clave y ajusta la agenda bilateral entre memorias históricas y respeto fracturado.
No hubo espacio para ambigüedades. La reunión entre Claudia Sheinbaum y Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, cerró una puerta que algunos sectores del vecino norte pretendían mantener entreabierta.
Las operaciones conjuntas en suelo mexicano no están permitidas. Punto. La presidenta lo plantó sobre la mesa con un respaldo inapelable: la Constitución y el ordenamiento jurídico nacional lo impiden. Colaboración sí, subordinación no. Coordinación sí, tropas extranjeras operando libremente no.
Ese fue el acuerdo medular al que llegaron ambos funcionarios: mantener los términos vigentes de cooperación en la materia. Pero Sheinbaum no se detuvo ahí. Exigió memoria histórica. Y recordó que, si bien no todos los sectores del gobierno estadounidense han actuado de mala fe, sí existen casos concretos de irrespeto hacia México.
El punto de máxima tensión apareció entonces con nombre propio: Chihuahua. La mandataria reveló que hay quienes intentan ir más allá de lo que las leyes mexicanas autorizan, y puso como ejemplo ese estado fronterizo. Planteó el asunto. Mullin lo entendió. Se acordó seguir trabajando sin forzar los límites.
Pero la agenda bilateral guardaba otros pliegues. Sheinbaum evitó un tema espinoso: la extradición del gobernador con licencia Rubén Rocha. Su respuesta fue quirúrgica. Ese asunto no corresponde a la cartera de Seguridad, sino al Departamento de Justicia estadounidense. Así que ni siquiera lo abordaron.
Entre declaración y declaración, la presidenta dejó filtrar una lectura personal. Dijo estar repasando las memorias del ex presidente Miguel de la Madrid, especialmente los pasajes dedicados a la relación bilateral y al entonces embajador John Gavin. La referencia no fue inocente. Habló de quienes tienen otras intenciones. Sin nombrarlos, los señaló.
El tono general de la comparecencia buscó equilibrar firmeza y pragmatismo. México no quiere conflictos, aclaró Sheinbaum. Ni con el gobierno ni con el pueblo estadounidense. El objetivo es otro: construir una relación de colaboración y coordinación, pero sin subordinación. La frase funcionó como tesis central.
Para aceitar los engranajes, la presidenta propuso algo concreto: las reuniones de entendimiento en seguridad deberían ser más frecuentes. No esperar a que la tensión acumulada obligue a un encuentro. La próxima cita ya tiene fecha. En junio, el mecanismo volverá a activarse, esta vez en territorio mexicano.
La ronda de preguntas trajo una precisión necesaria. ¿Hubo peticiones específicas por parte de Washington? Nada más allá del acuerdo de seguimiento. La respuesta cortó cualquier especulación sobre concesiones ocultas.
Y entonces llegó el dato que completaba el rompecabezas. La visita de Sara Carter, responsable de política antidrogas de Estados Unidos, no se canceló en definitiva. Se pospuso para junio, cuando el equipo de seguridad se desplace a México. No fue falta de interés ni un tema excluido de la agenda, aclaró Sheinbaum. Simplemente se buscará un mejor momento.
Sin embargo, una visita sí se mantiene inamovible. El miércoles próximo, el representante comercial estadounidense Jamieson Greer llegará al país para iniciar las conversaciones sobre la revisión del tratado comercial. Seguridad y comercio marchan por carriles separados, pero bajo la misma lógica: México negocia sin bajar la guardia.
El cierre del encuentro dejó una certeza. La colaboración continúa, pero las reglas las pone la Constitución mexicana. Y eso, al menos por ahora, Mullin lo entendió.