El dirigente nacional panista Jorge Romero escaló el conflicto con el Gobierno federal al advertir que Acción Nacional recurrirá a la resistencia civil si la FGR judicializa el caso de la gobernadora chihuahuense vinculada a un operativo con agentes de la CIA.
Una frase bastó para encender el termómetro político nacional. “Nos vamos a volver locos si le ponen un dedo a nuestra Gobernadora”. Jorge Romero Herrera, al frente del PAN, convirtió una conferencia de prensa en una declaración de guerra institucional contra el Gobierno de Claudia Sheinbaum.
No fue retórica vacía. El dirigente azul fue al detalle. Calles. Huelgas. Clausuras simbólicas. Manual completo de resistencia civil pacífica. Cada palabra fue medida. Cada amenaza, calculada. El mensaje: si la Fiscalía General de la República avanza judicialmente contra María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, Acción Nacional no se quedará cruzado de brazos.
El detonante: un operativo con huellas extranjeras
El origen del conflicto remite a un episodio de alto voltaje: un operativo ejecutado entre el 16 y el 19 de abril en la Sierra Tarahumara. En ese operativo murieron dos personas vinculadas a agencias de inteligencia estadounidenses. La FGR abrió una investigación. Y dentro de esa indagatoria, giró un citatorio a la gobernadora.
La escena era políticamente explosiva desde el principio. Una mandataria estatal en funciones, citada por la Fiscalía federal en un caso con implicaciones internacionales. El PAN sintió el golpe. Y respondió con toda la artillería verbal disponible.
Romero llegó acompañado de liderazgos panistas. Confirmó que Campos sí acudirá al citatorio. Pero dejó claro que la obediencia institucional tiene un límite. Si el caso escala, el partido activa su protocolo de movilización.
La defensa baja la temperatura. La política la sube.
Roberto Gil Zuarth, exsenador y abogado de la gobernadora, intentó matizar el escenario jurídico. Insistió en que Campos fue convocada únicamente como testigo. Que no hay imputación. Que jurídicamente no pasará nada.
Pero sus palabras chocaron con la realidad política. El solo hecho de que una gobernadora en funciones sea requerida por la Fiscalía federal en un operativo donde murieron agentes de inteligencia extranjeros constituye un golpe de alta intensidad para el partido. Independientemente de la resolución legal, el daño político ya está sobre la mesa.
Gil Zuarth admitió, además, que el escenario podría modificarse. Una puerta abierta que el PAN no está dispuesto a dejar sin vigilancia.
La contrafensiva panista: ineptitud, no persecución
Romero no se limitó a defender a Campos. Atacó. Acusó al Gobierno federal de instrumentalizar el caso para distraer la atención de sus propias fallas en materia de seguridad e inteligencia.
El argumento fue directo: citar a la gobernadora equivale a reconocer que el Gobierno de Sheinbaum desconocía la presencia de agentes extranjeros operando en territorio mexicano. “Es gritarle a todo el país que el Gobierno federal no tiene idea de qué están haciendo otros países”, sentenció. El señalamiento no es menor. Si la FGR investiga a Campos por lo que ocurrió en la Tarahumara, también tendría que explicar por qué la inteligencia federal no detectó el operativo antes.
La palabra que lo define todo
Romero buscó un adjetivo que resumiera el episodio. Lo encontró: “vulgar”. Esa fue la palabra que eligió para calificar la actuación de la Fiscalía. Sin matices. Sin eufemismos.
El PAN ha activado su modo de confrontación. La gobernadora irá al citatorio. Pero el partido ya avisó: si la situación jurídica cambia, las calles esperan.