La dirigente morenista Ariadna Montiel contraatacó con historia: el canal que denuncia censura nació de una privatización cuestionada y un préstamo vinculado al círculo del poder salinista.
El golpe no llegó del gobierno. Llegó de la militancia.
Cuando Ricardo Salinas Pliego lanzó su acusación de censura contra la presidenta Claudia Sheinbaum —después de que la mandataria sugiriera públicamente no sintonizar TV Azteca— quien salió a responder no fue el gabinete ni la Secretaría de Gobernación. Fue Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, y su contraataque apuntó directo al pasado que el empresario prefiere no recordar.
1993. Ese año marcó el inicio de todo. Imevisión fue privatizada, y de esa operación emergió TV Azteca. Montiel fue contundente: ese proceso no estuvo libre de sombras. Según la dirigente, el nacimiento de la señal estuvo ligado a un préstamo proveniente de Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces presidente Carlos Salinas. Una conexión que, a su juicio, invalida cualquier reclamo de independencia o libertad de prensa que hoy pretenda enarbolar la empresa.
“Es contradictorio que acusen censura quienes hicieron su fortuna protegiendo y viviendo al amparo de los poderosos”, expresó Montiel en redes sociales, con una dureza que no dejó margen a interpretaciones.
La morenista no solo atacó el origen financiero del consorcio. También desmanteló lo que calificó como un esquema histórico de privilegios: grandes grupos empresariales que durante décadas recibieron beneficios del Estado mientras la ciudadanía soportaba crisis económicas. Un modelo, aseguró, que la Cuarta Transformación vino a romper.
Y en ese contexto encuadró la controversia. Sheinbaum no ordenó callar a nadie. Ejerció, según Montiel, el derecho que le asiste como representante del pueblo: orientar a la ciudadanía sobre la calidad de la información que consume. La dirigente argumentó que precisamente la 4T impulsó que la ley reconociera el derecho de las audiencias a recibir información veraz y comprobable —una conquista que, en su narrativa, transforma la recomendación presidencial en un acto legítimo, no en una agresión.
Por su parte, TV Azteca no guardó silencio. En un comunicado difundido esa misma mañana, la empresa calificó las declaraciones de Sheinbaum como una “agresión directa a la libertad de expresión y de prensa” y advirtió sobre posibles amenazas futuras contra medios críticos. Una declaración que Montiel recibió —y respondió— con escepticismo.
La dirigente fue más lejos al cuestionar la efectividad del discurso mediático que construyó el viejo régimen. Sostuvo que la narrativa basada en desinformación ya perdió tracción. El pueblo, dijo, aprendió a distinguir quién defiende sus intereses y quién protege sus privilegios. “La falta de ética de mentir recurrentemente ya no funciona”, afirmó.
El mensaje fue preciso. No se trató solo de una defensa a Sheinbaum. Fue una advertencia sobre lo que Morena considera el límite entre la crítica legítima y la instrumentalización política de la libertad de prensa: un debate que apenas comienza.