La gobernadora de Chihuahua entregó un escrito para impugnar el citatorio, acusó “persecución política” y comparó su caso con el de funcionarios sinaloenses señalados por EE.UU.
Llegó. Acompañada. Con dirigentes y legisladores del PAN a cuestas. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, cumplió este lunes con el ritual de presentarse ante la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. Pero no para declarar. Para negarse.
El documento que entregó a la autoridad federal fue explícito: “No comparezco para rendir entrevista en calidad de testigo ni para sujetarme a acto de investigación alguno”. La frase resume una operación calculada. La mandataria panista había anticipado el guion horas antes: acusaría al gobierno federal de intentar “fabricarle” un caso y aseguraría tener “la dignidad para dar la cara”. Llegó, efectivamente, dio la cara. Y calló.
Su argumento jurídico reposa en dos pilares. Primero: el citatorio, según ella, era “ambiguo”, “incongruente” y carecía de fundamentación. Segundo: los gobernadores están exceptuados de comparecer obligatoriamente ante el Ministerio Público, amparados en el artículo 111 constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el escrito, Campos anotó una frase de manual: “Realizo estas manifestaciones para constatar mi disposición a colaborar”. Pero la colaboración, bajo sus propias condiciones, no incluye declarar.
El telón de fondo del caso es volátil. La investigación involucra la participación de agentes de la CIA en operativos realizados en la Sierra Tarahumara. Campos, en días recientes, cayó en contradicciones públicas. Admitió en entrevistas con medios afines que en Chihuahua existe colaboración con agencias estadounidenses como el FBI, la DEA y Homeland Security. Luego intentó deslindarse específicamente de la CIA. La frontera entre cooperación y presunta injerencia extranjera sigue difusa.
Pero la gobernadora no se limitó a los argumentos legales. Politizó el caso con un símil punzante: “Mientras a quienes tienen órdenes de aprehensión en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico los invitan a entrevistas amigables, a mí me citan tramposamente”. La comparación, sin nombrarlos, apuntaba a funcionarios de Sinaloa señalados por autoridades estadounidenses.
Afuera de la Fiscalía, el cerco panista se cerró. Ricardo Anaya y otros legisladores del partido corearon la consigna: “tope hasta donde tope”. La narrativa de persecución política quedó sellada. Campos regresó a Chihuahua sin haber declarado una sola palabra ante la FGR. Su defensa, por ahora, no está en los expedientes. Está en la tribuna política.