Por unanimidad, la SCJN revisará la resolución que evitó vincular a proceso al empresario Edgar Marín Meza Moreno; un tribunal de Veracruz argumentó fallas en la integración del caso.
El expediente llegó como un terremoto legal. 21.5 millones de litros de diésel de contrabando. Una de las investigaciones por huachicol fiscal más grandes en la historia reciente de México. Y este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió poner sus ojos sobre el caso. Por unanimidad. Sin fisuras.
El Pleno de la Corte atrajo el recurso promovido por el Servicio de Administración Tributaria contra una resolución judicial que, hasta ahora, ha blindado al empresario Edgar Marín Meza Moreno, dueño de Impulsora de Productos Sustentables. El hombre había esquivado la vinculación a proceso por el delito de contrabando. Un Tribunal Colegiado de Veracruz le dio la razón. El argumento: la Fiscalía General de la República no cumplió con un requisito clave durante la integración del caso.
¿El detalle técnico que frenó la acusación? La FGR no dio intervención previa a la Agencia Nacional de Aduanas de México, el organismo que desde 2022 asumió las funciones de representación de Hacienda en casos de contrabando. Tarea que antes hacía el SAT. Además, el tribunal consideró que dicha autoridad tampoco fue citada correctamente durante la audiencia inicial del proceso penal. Un error de forma, según los jueces, que invalidó el fondo.
El SAT no se quedó de brazos cruzados. Presentó un recurso de queja para intentar revertir la decisión. El tema escaló. Y llegó a la Corte. Ahora, el expediente será turnado a un ministro ponente, quien elaborará un proyecto de resolución que luego discutirá el Pleno. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la ministra Sara Irene Herrerías Guerra respaldaron la atracción del caso. Consideraron que el asunto tiene relevancia jurídica y económica suficiente para ser resuelto directamente por el máximo tribunal.
No es la primera vez que la SCJN se mete en este laberinto. En marzo pasado, la Corte ya había admitido otro expediente vinculado con las facultades del SAT y la ANAM en investigaciones por contrabando. El patrón es claro: la transición de funciones entre ambas entidades ha generado una zona gris que los abogados de los acusados están explotando.
La resolución que eventualmente tome la Corte podría sentar un precedente nacional. No solo para este caso. Para todos los futuros. Definirá cómo deben integrarse las investigaciones por contrabando de hidrocarburos y, sobre todo, qué instituciones tienen competencia legal para actuar. La puerta está abierta. El diésel, los litros, la millonaria evasión, todo eso espera que los ministros decidan si un error administrativo puede hacer caer una acusación de esta magnitud. México mira al Pleno.