Personal de la Secretaría de Planeación acudió con apoyo policial al inmueble de Ricardo Salinas Pliego; se inicia un proceso que podría derivar en embargo.
El citatorio llegó este viernes a las 11:30 horas. El destino: Calzada Zavaleta 1108, en Santa Cruz Buenavista Norte, Puebla. El inmueble: las instalaciones de TV Azteca en el estado. Los emisores: personal de la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) de Puebla, acompañados por la policía estatal. La empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego recibió la notificación en mano. Y con ese gesto, comenzó formalmente un procedimiento administrativo por adeudos fiscales con el SAT.
El documento no es menor. Se trata de créditos fiscales determinados por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social federal, con suspensión definitiva de una sentencia de un juicio de nulidad. Pero la suspensión tiene una condición: ofrecer una garantía. Hasta ahora, según las autoridades, la televisora no ha cumplido con ese requisito.
No hubo desalojo. No hubo sellos. Tampoco un embargo. La diligencia fue precisa: entregar la notificación conforme a los mecanismos legales. Los representantes de TV Azteca recibieron el documento y, en el acto, entregaron una carpeta con documentación a los funcionarios. Mientras duró el intercambio, el inmueble permaneció bajo vigilancia. Luego, las autoridades se retiraron.
El procedimiento que se inicia podría, en su fase final, derivar en un embargo de bienes de la empresa. Pero las autoridades fueron cautelosas: aún no ocurre ningún tipo de aseguramiento. Solo la notificación. Sin embargo, el simbolismo del operativo no pasó desapercibido. La presencia policial y la coordinación entre la SPFA y el SAT enviaron un mensaje: el fisco no está dispuesto a tolerar la morosidad, incluso de uno de los empresarios más poderosos del país.
La empresa de Ricardo Salinas Pliego, recordemos, ha estado en el centro de la polémica en semanas recientes. La presidenta Claudia Sheinbaum recordó esta semana el llamado “chiquihuitazo”, la apropiación violenta de Canal 40 durante el neoliberalismo. Ahora, una notificación fiscal en Puebla abre un nuevo frente. No es una batalla política, insisten las autoridades. Es un procedimiento administrativo. Pero el telón de fondo es ineludible. La relación entre el poder político y el empresario mediático vuelve a tensarse. Esta vez, desde el fisco.