El Departamento de Comercio investiga trabajo forzado para imponer tasas a México, UE, China y más; la UE advierte que viola acuerdos previos y analiza represalias.
La administración Trump encontró un resquicio legal para resucitar su política arancelaria. Este miércoles, el Departamento de Comercio propuso imponer nuevas tasas de entre el 10% y el 12.5% a decenas de países, bajo el argumento de que no han hecho lo suficiente para impedir la importación de productos fabricados con mano de obra víctima de trabajos forzosos. El blanco: 60 naciones, entre ellas México, los países de la Unión Europea, Reino Unido, China, India y Japón.
Jamieson Greer, representante comercial de EE.UU., presentó la propuesta el martes por la noche. Su argumento fue contundente: “Es inaceptable que nuestros socios comerciales más importantes no aborden la importación de productos elaborados con mano de obra forzada”. La medida, según el comunicado, busca nivelar una cancha que Washington considera desigual para los trabajadores estadounidenses.
El trasfondo legal es clave. En febrero, el Tribunal Supremo anuló los aranceles generalizados que Trump había impuesto. La Casa Blanca respondió entonces con un gravamen del 10% a la importación, basado en un artículo de la Ley de Comercio de 1974 que obliga a ratificarlo en el Congreso. Pero la oficina comercial encontró en el artículo 301 de esa misma ley un resquicio para mantener su política arancelaria con independencia de jueces y legisladores.
Los nuevos aranceles no entrarán en vigor de inmediato. Habrá un periodo de consulta pública y alegaciones que podría derivar en algunos cambios. Mientras tanto, el Departamento de Comercio mantiene abiertas otras investigaciones paralelas sobre exceso de capacidad de producción de algunos socios comerciales, lo que podría resultar en tasas adicionales de hasta el 15%.
La UE no tardó en reaccionar. Bruselas emitió un comunicado en el que afirma que “considera injustificados los aranceles impuestos por estos motivos”. La Comisión Europea insinuó que la medida es una forma encubierta de reimponer tasas, lo que violaría el acuerdo arancelario firmado entre Trump y Ursula von der Leyen el pasado julio. Ese pacto, aún pendiente de aprobación definitiva, establecía que la UE eliminaría gravámenes a productos industriales estadounidenses y Washington limitaría sus tasas al 15% para la mayoría de los productos.
El contexto geopolítico agrava el impacto. EE.UU. tiene múltiples frentes abiertos: la guerra en Irán, la escalada de precios de la energía y ahora una posible guerra comercial. Europa analiza si responderá con represalias. México, China, Japón e India también están en la mira. Los aranceles del 10% que Trump impuso tras la derrota en el Supremo expiran en semanas. La Casa Blanca apuesta a que el artículo 301 le permita mantener la presión sin pasar por el Congreso. El mundo observa si esta vez los socios comerciales aceptarán las reglas o se desatará una nueva escalada.