La mandataria federal detona la mayor recuperación económica del magisterio en dos décadas, congelando la edad de retiro y eliminando el organismo evaluador que generó rechazo masivo.
Veinte mil trescientos cincuenta y un pesos. Esa será la cifra que percibirá mensualmente un educador mexicano cuando cierre el año 2026. El número no es casual. Representa el techo salarial más alto registrado en la historia del sector, triplicando prácticamente los seis mil setecientos nueve pesos que recibían al concluir la administración foxista.
La jefa del Ejecutivo orquestó una escalada económica sin precedentes. Primero autorizó un aumento del diez por ciento para el ejercicio fiscal 2025. Inmediatamente después, aprobó un nueve por ciento adicional para 2026. La estrategia busca revertir el deterioro acumulado durante los sexenios anteriores, donde los incrementos apenas superaban los dos mil pesos entre una administración y otra.
Pero el impacto trasciende lo monetario. La titular del Ejecutivo modificó las reglas del juego para el retiro laboral. Congeló los incrementos graduales en la edad mínima de jubilación que afectaban a los trabajadores del décimo transitorio. Ahora las mujeres podrán retirarse a los cincuenta y tres años, los hombres a los cincuenta y cinco. Una medida que elimina prácticamente los años adicionales impuestos anteriormente.
El funcionario encargado de la política educativa reveló otro movimiento estratégico: la desaparición del organismo evaluador que generó rechazo masivo entre el gremio. En agosto se lanzará una consulta nacional, escuela por escuela, para construir un nuevo modelo de ingreso y promoción. El objetivo es blindar los derechos laborales, transparentar los procesos y erradicar prácticas como el nepotismo y la corrupción.
Las cifras respaldan la transformación. Entre 2018 y 2026 se otorgaron un millón doscientas mil basificaciones, garantizando estabilidad laboral. Se realizaron setenta y cinco mil cambios de adscripción mediante un mecanismo basado en antigüedad, sin registrar una sola inconformidad. Se redujeron las comisiones de las administradoras de fondos y se consolidó un mecanismo complementario para acercar las pensiones al último salario percibido.
La mandataria sostuvo más de cincuenta y una reuniones con representantes del magisterio para atender demandas. Derogó la reforma educativa de 2013, otorgó autonomía profesional e impulsó un modelo con enfoque de inclusión e interculturalidad. El mensaje es claro: la educación dejó de ser mercancía para convertirse en derecho humano blindado.