La masacre del 10 de junio de 1971 sigue sin condenas firmes: paramilitares entrenados disolvieron a sangre y fuego una marcha estudiantil que México no ha podido olvidar.
Llegaron en ambulancias. Con varillas, cadenas y armas de fuego, los integrantes de un grupo paramilitar financiado y coordinado por el propio gobierno mexicano se lanzaron contra miles de jóvenes que marchaban pacíficamente por las calles de la Ciudad de México. Era el 10 de junio de 1971. Cincuenta y cinco años después, ningún responsable purga condena.
El episodio conocido como el Halconazo —o Matanza del Jueves de Corpus— irrumpió en el calendario nacional cuando aproximadamente diez mil estudiantes de la UNAM, el IPN y otras instituciones educativas avanzaban desde el Casco de Santo Tomás hacia el Zócalo capitalino. La convocatoria respondía a una demanda plural: autonomía universitaria para la institución neoleonesa, liberación de presos políticos y fin a la represión sistemática del Estado.
La marcha no llegó a su destino.
Al cruzar la Calzada México-Tacuba y la avenida San Cosme, Los Halcones bloquearon el paso. Documentos históricos desclasificados y testimonios de la época confirman lo que el gobierno negó durante décadas: aquel operativo fue planeado. Los agresores —jóvenes reclutados en barrios populares, porros y exmilitares— habían recibido entrenamiento especializado por instructores mexicanos y estadounidenses. Su función era una sola: disolver movilizaciones sociales mediante la fuerza extralegal.
La coordinación institucional detrás del ataque involucró al Departamento del Distrito Federal, a la Dirección Federal de Seguridad y a la Secretaría de Gobernación. No fue un desbordamiento espontáneo. Fue una operación de Estado.
El saldo humano nunca quedó claro, y esa ambigüedad forma parte de la herida. Las cifras oficiales minimizaron los daños; organizaciones civiles e investigaciones independientes apuntan a decenas de muertos, con estimaciones que superan el centenar de víctimas fatales. Cientos de heridos. Detenciones arbitrarias. Jóvenes perseguidos hasta las salas de urgencias por los mismos hombres que los habían atacado en la calle.
La versión gubernamental se derrumbó frente a las cámaras. Periodistas nacionales y extranjeros capturaron lo que el entonces presidente Luis Echeverría intentó encuadrar como un enfrentamiento entre facciones estudiantiles. Sus fotografías y testimonios desmontaron esa narrativa en tiempo real. Echeverría afirmó no saber nada. Prometió investigación. No hubo tal.
La presión pública arrancó una concesión: días después del ataque, Alfonso Martínez Domínguez, regente del Departamento del Distrito Federal, presentó su renuncia. El gobierno reconoció la existencia de Los Halcones. Pero el reconocimiento no fue justicia.
Pasaron tres décadas. En 2002, el Estado mexicano creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado —la FEMOSPP— con el mandato de investigar los crímenes de la llamada “guerra sucia”. Los avances fueron escasos. En 2006, un juez señaló la responsabilidad del expresidente Echeverría en los hechos del Halconazo. Años más tarde, fue exonerado. Falta de pruebas suficientes, dictaminó el sistema judicial.
El contexto no puede ignorarse. La masacre ocurrió apenas treinta y dos meses después de la represión del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Echeverría había prometido apertura democrática al asumir la presidencia en diciembre de 1970. El movimiento estudiantil no le creyó. Con razón.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha catalogado el Halconazo como un caso emblema de violaciones sistemáticas: derecho a la reunión, a la asociación, a la libre expresión, a la protesta. Derechos fundamentales aplastados por el Estado que debía garantizarlos.
Este 10 de junio, organizaciones civiles, colectivos estudiantiles y familiares de las víctimas volvieron a las calles y los foros para exigir lo mismo que llevan más de medio siglo demandando: verdad, justicia y garantías de no repetición.
Cincuenta y cinco años no han borrado nada. El Halconazo permanece abierto —no como historia muerta, sino como deuda viva del Estado mexicano con sus propios ciudadanos.