El programa prioriza a familias de menores ingresos y activa empleo; autoridades reportan avance y esquemas de reestructuración crediticia.
El cambio de paradigma quedó planteado en cifras: 1.8 millones de viviendas como objetivo central para garantizar, por primera vez, el acceso a un hogar digno a hogares que perciben menos de dos salarios mínimos. La presidenta presentó la iniciativa como un triunfo del Estado de bienestar sobre políticas previas y la definió como una medida que convierte la vivienda en un derecho efectivo para quienes históricamente quedaron excluidos.
En la mañanera del 15 de junio describió los beneficiarios: trabajadores de la construcción, mujeres con salario mínimo y familias hacinadas que podrán mudarse a viviendas de alrededor de 60 m². La propuesta, explicó, no sólo redistribuye patrimonio, sino que abre una ventana económica: cada unidad genera entre tres y cuatro empleos en la cadena de la construcción, apuntalando regiones donde hoy ya se levantan 274 mil viviendas en obra.
Los datos de avance aportan marco operativo. Sedatu informó que el programa alcanza 33% de avance, con 604 mil viviendas contratadas, 274 mil en construcción, 570 mil apoyos para mejoramiento y casi 293 mil escrituras entregadas. El INSUS añadió que 39,673 escrituras fueron formalizadas y que 715 mil familias avanzan en regularización de predios; más del 63% de esas acciones registran a madres como titulares, una estrategia explícita para asegurar patrimonio femenino.
El esquema financiero se acompasa con medidas de alivio: Fovissste reporta cerca del 40% de avance en créditos y ofrece el programa Fovissste Mujeres con tasas preferenciales; además se anunció la conversión de créditos en UMA a pesos, con pagos fijos y tasa del 9%. Infonavit, por su parte, reestructuró 4.856 millones de créditos considerados impagables —457 mil quedaron en saldo cero— y logró reducciones y condiciones mejores para 4.4 millones de deudores.
La ambición inmobiliaria se traduce también en suelo: Conavi señaló que en 2025 arrancaron 82 mil viviendas y que actualmente hay 352 predios disponibles —más de 1,500 hectáreas— para desarrollar más de 155 mil viviendas proyectadas. Infonavit reportó 460 mil viviendas contratadas, 191 mil en construcción y una meta de 700 mil viviendas contratadas al cierre de 2026.
La presidenta remarcó que la política pública busca alcanzar a los más rezagados: el 90% de quienes han accedido a las nuevas unidades perciben entre uno y 1.5 salarios mínimos; predominan beneficiarios jóvenes, entre 18 y 39 años. Ese perfil reafirma, concluyó, el sentido redistributivo del programa y su impacto social y económico inmediato.
Un ambicioso programa social que combina redistribución de patrimonio, generación de empleo y alivio financiero, con objetivos cuantificables y un ritmo de ejecución que las autoridades aseguran mantiene la prioridad en las familias de menores ingresos.