El informe de 180 páginas denuncia asesinatos ilegales, detenciones arbitrarias, perfil racial y daño psicológico que aún persiste.
El dato que más golpea llega con el peso de una acusación directa: Human Rights Watch afirma que miles de agentes federales desplegados en Minnesota generaron una crisis de derechos humanos y un miedo que se extendió durante meses, con efectos que aún siguen.
El documento presentado por la organización, “Una crisis fabricada: comunidades de Minnesota aterrorizadas por el Gobierno federal”, se presentó como un recuento en profundidad de lo que ocurrió entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 en ciudades como Minneápolis y Saint Paul. HRW sostiene que el episodio se originó en la “Operación Metro Surge”, atribuida al gobierno del presidente Donald Trump, y que el costo de esa intervención fue un deterioro sistemático de libertades, seguridad y vida cotidiana.
Según el reporte, el proceso no solo implicó detenciones: incluyó una serie de prácticas descritas como abusivas y un clima de terror. En su contenido, el informe atribuye a la operación acciones como uso excesivo de fuerza, perfilamiento racial, detenciones ilegales y condiciones de detención calificadas como abusivas. La organización agrega que la violencia y el pánico provocaron que muchas personas se quedaran en casa por miedo, con consecuencias concretas: faltas al trabajo, a la escuela y hasta a atención sanitaria esencial.
La investigación de HRW también se enfoca en el componente humano, porque la denuncia se apoya en testimonios que describen el impacto. La organización entrevistó a más de 130 personas: migrantes, defensores de derechos humanos, abogados, profesionales de la salud, educadores y funcionarios actuales o anteriores. A esa reconstrucción se suman materiales como fotografías, videos, declaraciones juradas, documentos judiciales, registros gubernamentales, investigaciones médicas y reportes de organizaciones comunitarias.
Pero cuando el reporte cruza hacia los hechos más graves, la tensión se multiplica. HRW documenta que en enero agentes habrían disparado y matado ilegalmente a ciudadanos estadounidenses: Renee Good y Alex Pretti, en dos incidentes distintos. El informe además describe episodios en los que, presuntamente, se apuntaron armas sin justificación, se rompieron ventanas de vehículos, se arrojó al suelo a personas que no oponían resistencia y se emplearon armas “menos letales” —como irritantes químicos y granadas cegadoras— incluso a corta distancia y sin previo aviso.
El patrón, para HRW, no es aislado. La organización estima que el ICE detuvo aproximadamente 4 mil inmigrantes durante la campaña, y afirma que más del 75% no contaba con condenas penales. También señala que muchos habrían sido detenidos arbitrariamente. En el terreno legal, detalla que abogados presentaron recursos para impugnar esas detenciones y que muchas terminaron en órdenes de liberación o audiencias de fianza. De los 532 casos resueltos entre el 1 de diciembre de 2025 y el 15 de mayo de 2026, “casi 90%” concluyó con alguna medida favorable para las personas detenidas.
Luego, el informe eleva otro señalamiento: el perfilamiento racial. HRW acusa que hubo detenciones e interrogatorios basados en apariencia, raza o etnia percibida. En sus entrevistas, ciudadanos de color describen que el miedo al perfil racial los llevó a portar pasaportes “a todas partes”. El documento incluso sostiene que hubo detenciones de ciudadanos estadounidenses, incluyendo personas que protestaban o documentaban acciones de ICE y de la CBP. Además, con datos citados del National Lawyers Guild de Minnesota, el reporte indica que más de 500 manifestantes estadounidenses fueron arrestados.
A la par, HRW asegura que el operativo alteró la vida diaria durante meses. Ir al trabajo, asistir a la escuela o acudir a consultas médicas se volvió más difícil por el temor a detenciones. Se detallan afectaciones en educación y salud: algunas clínicas registraron reducciones de hasta 50% en asistencia de pacientes, miles de estudiantes faltaron a clases o migraron a la educación virtual, y se documentaron consecuencias en la salud mental, sobre todo en menores.
El caso más sensible aparece en la voz de una niña de 7 años. HRW recoge su relato del miedo tras el arresto de su padre durante un operativo en diciembre. “Me aterra estar aquí porque no quiero que eso le vuelva a pasar a mi padre”, dijo la menor, de acuerdo con el reporte. La organización plantea que el temor, la ansiedad y las dificultades tuvieron efectos graves en salud mental; incluso advierte que el trauma no desaparece cuando terminan las cámaras.
En el centro del debate final está el reclamo de reformas y rendición de cuentas. HRW afirma que, aunque la Operación Metro Surge concluyó oficialmente, sus efectos continúan, por lo que exige que agencias del DHS —incluido ICE y CBP— sean reformadas. Entre las demandas figuran recomponer mecanismos de transparencia y supervisión, implementar protecciones significativas contra el uso de fuerza innecesaria y exigir una rendición de cuentas coherente para funcionarios de todos los niveles, incluidos quienes habrían estado detrás de los abusos.
La urgencia se vuelve explícita en el cierre del informe: HRW informa que el pasado 30 de abril envió al DHS un resumen de hallazgos y preguntas sobre la operación, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta. La consecuencia, según la organización, es que el impacto no se limita al episodio: el costo emocional y social seguiría instalado, mientras el sistema de supervisión y respuesta no llega.