En la mañanera, José Antonio Peña Merino detalló avances y Sheinbaum dijo que la meta es menos espera y menos corrupción.
El dato que aceleró la discusión en la mañanera fue contundente: se eliminaron mil 711 procedimientos burocráticos. No como promesa abstracta, sino como parte de una estrategia para mover el gobierno hacia procesos más simples, con un argumento político claro: cerrar rutas que, según la administración, permiten prácticas de corrupción y obligan a la gente a quedarse atorada en trámites.
La información fue puesta en la mesa por el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino. Ahí, el enfoque cambió el ritmo de la conversación: primero se habló de la magnitud del trabajo, luego del alcance y después del propósito. De los 5 mil 594 trámites identificados en la Administración Pública Federal, dijo, ya se han intervenido 3 mil 497. En ese contexto, el funcionario remarcó lo que calificó como el esfuerzo más grande de simplificación administrativa en el país y la región.
Peña Merino no se quedó en cifras generales. Afirmó que la administración ya sacó de la ruta a esos mil 711 trámites, y lo acompañó con una frase que buscó subrayar intención y urgencia: calificó el movimiento como el intento de simplificación más grande registrado en México. Con eso, el gobierno colocó la intervención en el centro del debate, no como ajustes menores, sino como una revisión amplia del aparato administrativo.
Enseguida, la Presidenta Claudia Sheinbaum explicó el sentido de la operación. Señaló que el objetivo es que las personas accedan con mayor facilidad a servicios gubernamentales, con menos tiempos de espera. El trasfondo, según su postura, es combatir “espacios” donde pueden ocurrir prácticas de corrupción. La estrategia, además, se defendió frente a una confusión común: Sheinbaum insistió en que simplificar no equivale a eliminar servicios públicos; en su relato, la idea es integrar procedimientos que antes forzaban a la ciudadanía a realizar varias gestiones para resolver un mismo asunto.
Ese reencuadre permitió que la conversación bajara a lo concreto. El gobierno apuntó que, como resultado, los requisitos promedio para trámites federales pasaron de seis a dos. La narrativa oficial no fue solo de “cambio”, sino de reducción visible de carga para quien realiza gestiones: menos pasos, menos vueltas y, según la lógica del planteamiento, menos posibilidad de entorpecimientos.
La estrategia también se encadenó con metas de calendario. El Gobierno federal se fijó concluir 2026 con más de 4 mil 500 trámites intervenidos. Para el primer trimestre de 2027, dijo, busca completar la transformación de toda la Administración Pública Federal. En otras palabras: el recorte ya no se presentaba como un paquete cerrado, sino como una ruta que continúa y que se mide por etapas.
Con esa misma urgencia, el discurso incorporó herramientas digitales como parte del engranaje. Se mencionó que el Portal Único de Trámites y Servicios, disponible en gob.mx, ya ha sido utilizado por 56 millones de personas y recibe cerca de dos millones de visitas cada semana. A ello se sumó la plataforma Llave MX, que reportó 24 millones de usuarios registrados y permite realizar trámites federales de forma remota mediante la integración de 242 sistemas gubernamentales. Según se informó, esa plataforma registra alrededor de un millón de usos semanales.
Además, se citó la Ventanilla 24/7 como una vía de atención apoyada con inteligencia artificial, con cerca de dos millones de consultas relacionadas con trámites, programas y servicios gubernamentales. Con estos datos, la administración conectó la simplificación con la modernización operativa: no solo recortar pasos, sino habilitar canales de acceso.
Finalmente, el mensaje aterrizó en ejemplos de trámites que ya pueden hacerse en modalidad digital. Se mencionaron procedimientos del Registro Civil, expedición de pasaportes, servicios consulares, trámites migratorios, apertura de negocios, y también mecanismos para agilizar inversiones. Con ello, el cierre dejó una idea central: el gobierno presentó la simplificación como un cambio integral que va desde el recorte de trámites hasta la forma de hacerlos, con la promesa de menos espera y menos fricción para la ciudadanía.