DeSantis confirmó el cierre en Miami: el complejo temporal queda vacío, pero las deportaciones y las disputas siguen.
La puerta de “Alligator Alcatraz” se cerrará de forma definitiva. El centro de detención migratoria, señalado por ser una de las postales más visibles de la agenda migratoria de la segunda administración del presidente Donald Trump, termina su ciclo tras procesar cerca de 21 mil deportaciones. Así lo informó este jueves el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una conferencia en las instalaciones ubicadas al oeste de Miami.
El mensaje se apoyó en un detalle que cambia el tono de las especulaciones: al momento del anuncio, el lugar registra cero personas detenidas. DeSantis aseguró que el complejo ya no concentra internos y que el sitio funcionó para retirar de las calles —según su propia afirmación— a quienes representarían un riesgo para la seguridad. También remarcó que quienes estaban allí no desaparecieron del sistema: “siguen bajo custodia federal”, mientras continúan los “esfuerzos de desmovilización” en el mismo espacio.
La escena se vuelve más tensa al observar el origen del proyecto. El complejo abrió sus puertas en julio de 2025, después de una visita de Trump. En ese momento, el presidente buscaba que los estados colaboraran para ampliar la detención de migrantes, dentro de una estrategia que apuntaba a deportaciones masivas. Con el correr del tiempo, las preguntas se acumularon: desde mayo, medios en Estados Unidos hablaban de una posible clausura motivada por costos operativos superiores a un millón de dólares diarios y por el empuje de demandas impulsadas por organizaciones ambientalistas y defensoras de los migrantes.
El cierre, sin embargo, no se movió en línea recta. En la semana previa al anuncio, el ICE trasladó a los migrantes detenidos a otras instalaciones por el inicio de la temporada de huracanes. El contraste golpeó por una razón: “Alligator Alcatraz” se inauguró en 2025 durante el mismo periodo climático. Para sus críticos, ese movimiento se sumó a un expediente más amplio que incluía acusaciones sobre falta de transparencia, afectaciones ambientales y presuntos abusos en el marco de las condiciones de detención.
Ese clima de tensión se extendió hacia el territorio donde se levantó el complejo. El centro fue construido en una zona pantanosa dentro de la reserva natural de los Everglades. Organizaciones civiles señalaron el impacto ambiental de operar allí, además de las condiciones de detención. Desde el lado local, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, criticó el funcionamiento del lugar y sostuvo que las personas detenidas estuvieron “en condiciones inhumanas sin un debido proceso”, mientras ocupaban terrenos cercanos a un área natural protegida. Antes incluso del anuncio, autoridades del condado plantearon que el terreno —levantado sobre un antiguo aeropuerto abandonado propiedad del condado— se transfiriera al Servicio de Parques Nacionales, para integrarlo a un proyecto de restauración de los Everglades.
Mientras el complejo apaga sus actividades, DeSantis intentó enmarcar la decisión como parte de un plan de temporalidad. Dijo que desde el principio se trató de una “solución de emergencia”, y que el razonamiento era simple: una vez que el DHS tuviera capacidad para gestionar a esos inmigrantes —en especial, según el gobernador, a “inmigrantes ilegales criminales”— el sistema federal podría hacerse cargo. En ese punto, agregó que Florida recibirá un reembolso del Departamento de Seguridad Nacional luego de la aprobación de un presupuesto respaldado por legisladores republicanos en el Congreso.
Pero la clausura no borra el contexto político. “Alligator Alcatraz” se convirtió en un emblema, aun cuando su desaparición no implicaría, según el propio marco del gobierno estatal, una retirada de la postura restrictiva. Florida se mantiene como un actor central en la política migratoria, con un enfoque que concentra el 40% de los arrestos migratorios a nivel nacional bajo acuerdos “287(g)”, que habilitan la colaboración entre policías locales y el ICE.
Además, el estado ya había operado otros centros con nombres similares, como el “Deportation Depot”, acumulando —según el texto presentado— más de 30 mil inmigrantes procesados en Florida. En ese panorama, el cierre de “Alligator Alcatraz” suena a final de un capítulo, pero no necesariamente a desaceleración del plan.
La cifra de casi 21 mil deportaciones y la imagen de cero detenidos cierran la instalación; lo que queda abierto es el debate sobre qué se buscó lograr y a qué costo.