Tras el señalamiento de Mullin, pide que México no sea usado en campaña: coopera, baja fentanilo y rechaza muro.
La disputa por el control de rutas y el ruido electoral tomaron la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum como escenario. En respuesta a los señalamientos del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, la presidenta sostuvo que la reducción del tráfico de fentanilo hacia ese país no es un hecho aislado: es el resultado de una coordinación concreta entre ambas naciones.
El mensaje fue directo: no habría un panorama de seguridad si el trabajo no se realiza de manera bilateral. Sheinbaum recordó que, según el propio presidente Donald Trump, hace apenas dos días se reconoció a la frontera como “la frontera más segura”, además de que se registró una disminución de más del 60 por ciento en el ingreso de fentanilo. Con ese marco, la mandataria remarcó que la colaboración no es retórica, sino operativa: “No podría haber una frontera segura si no se trabaja de los dos lados”, dijo, subrayando el papel de Estados Unidos y el de México.
A partir de ahí, el discurso se movió a un punto de tensión: el país vecino no solo debate seguridad; también debate elecciones. La presidenta pidió que se entienda el contexto y afirmó que parte de los señalamientos deben interpretarse a la luz del proceso electoral que Estados Unidos celebrará en noviembre. En ese sentido, aseguró que México no quiere ser usado como bandera de campaña y que hay temas relevantes en el vecino del norte que, dijo, deberían atenderse sin convertir a México en argumento electoral.
La postura sobre la infraestructura fronteriza también apareció como línea histórica. Sheinbaum reafirmó que México mantiene su posición contra la construcción de un muro. En lugar de esa idea, sostuvo que lo que se requiere son “puentes, no más muros”, retomando una posición que dijo ser permanente para el país. El contraste con la narrativa del muro funcionó como giro: lo que está en juego, según ella, no es solo seguridad, sino el tipo de solución que se construye —o se impone— entre naciones.
La presidenta defendió además que las acciones del gobierno mexicano contra el tráfico de drogas no pueden entenderse por fuera del ajuste observado al otro lado del límite. Planteó una pregunta implícita y la respondió con lógica de coordinación: si hay reducción en la frontera de Estados Unidos, no podría explicarse sin el trabajo que México realiza. En su argumentación, la baja del fentanilo se sostiene en la combinación de esfuerzos y en el arreglo conjunto que —según su versión— ambos países han establecido.
El tema migratorio se sumó después con un nuevo frente legal en la agenda binacional. Consultada por la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de permitir que el gobierno de Trump bloquee solicitudes de asilo en la frontera con México, Sheinbaum señaló que el fallo ratifica la determinación adoptada al inicio de la administración estadunidense al eliminar el programa CBP One. Ante el impacto en el tránsito de personas, indicó que se trata de una decisión soberana de Estados Unidos y, por tanto, México continuará atendiendo a quienes permanezcan en su territorio: facilitando su estancia o apoyando su retorno voluntario a sus países de origen.
La conversación añadió un último nivel de tensión: seguridad y cooperación institucional. Sobre la investigación por la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo realizado en Chihuahua, Sheinbaum insistió en que las autoridades deben cumplir la Ley de Seguridad Nacional. También remarcó que cualquier relación con agencias extranjeras en materia de seguridad debe ser autorizada por el gobierno federal. Incluso precisó el cauce: correspondía a la Fiscalía informar sobre avances y, en su caso, responsabilidades. Y cerró con una regla política-administrativa: cualquier vínculo con una agencia de Estados Unidos, dijo, debe pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En conjunto, el mensaje construyó una ecuación: seguridad fronteriza y caída del fentanilo, según Sheinbaum, dependen de cooperación, no de acusaciones unilaterales; y si hay presión discursiva, ella la atribuye al calendario electoral. Mientras tanto, en el terreno legal y de seguridad, el énfasis se centró en la soberanía, los procedimientos y la autorización interna. El debate queda instalado en un terreno concreto: coordinación, límites institucionales y el rechazo a que México sea utilizado como tema de campaña.
Y aunque el intercambio se firma con declaraciones, el punto final deja una exigencia: que el relato de seguridad refleje el mismo reparto de responsabilidades que, según la presidenta, ha permitido la disminución del fentanilo.
