Informe ONU sostiene ataques planificados contra menores en Gaza y Cisjordania; mientras EE. UU. rompe el molde, el cerco crece.
Los muertos de niños dejan de parecer “accidente” en el relato oficial: el último informe de la ONU dibuja un patrón que apunta a objetivos menores de edad, no a efectos colaterales. Y en ese giro, el primer ministro Benjamin Netanyahu entra en el punto más bajo de su carrera política, con una condena internacional casi unánime y un quiebre diplomático desde Estados Unidos que no se veía desde la guerra fría.
La reconstrucción arranca en un documento oficial de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado. Publicado el martes pasado, el texto coloca la base del aislamiento global en un extremo: concluye que las fuerzas de seguridad bajo la cadena de mandos de la administración de Netanyahu habrían incurrido, de manera planificada y sistemática, en ataques deliberados contra niños y adolescentes palestinos en la Franja de Gaza y en Cisjordania. En esa lógica, el argumento defensivo que Israel sostiene para describir el fenómeno como “daño colateral” pierde piso.
El presidente de la comisión, Srinivasan Muralidhar, lo traduce como un cambio de estatus: los más chicos dejan de ser “víctimas” dentro de un teatro de operaciones y pasan a ser considerados objetivos focalizados. Lo que antes se justificaba por el contexto bélico ahora se describe como intención operativa. Y allí se instala la tensión central: el exterminio que el informe sugiere aparece acompañado por violaciones vigentes y comprobadas que dejan a Israel, según el propio relato de la acusación, más comprometido que nunca desde su fundación.
Cuando el análisis se baja a la cifra, el impacto se agrava. Desde el inicio del recrudecimiento de las operaciones militares en octubre de 2023, la cifra de muertos total en el territorio supera las 70.000 personas, de acuerdo con datos citados de la ONU (OCHA) y del Ministerio de Salud de Gaza. Dentro de ese universo, el 30% corresponde a menores de edad. Y lo que vuelve el dato todavía más irreversible es el comportamiento de las bajas durante treguas parciales: en octubre de 2025, aun bajo un supuesto cese de hostilidades monitoreadas, el registro continúa y suma más de 265 muertes de chicos en periodos formalmente catalogados como de cese.
El mensaje que se impone es una lectura jurídica: esas muertes se computan como crímenes de guerra, sin margen para la excusa del contexto. Pero el cerco no se queda en el conteo de cuerpos. También aparece una sentencia sobre el futuro: la inviabilidad estructural del hábitat para los supervivientes. En palabras claras, la comunidad internacional considera que se generó un territorio imposible para vivir en Gaza. La destrucción alcanza escuelas y hospitales, y con eso se corta el retorno a la escolaridad básica.
Los informes técnicos citados refuerzan el cuadro. Human Rights Watch y Amnistía Internacional determinan que el 97% de los establecimientos educativos e infraestructura escolar de la Franja de Gaza sufrió daños totales o parciales, impidiendo que los chicos vuelvan a su base educativa. A la vez, reportes del Sistema Global de Seguridad Alimentaria (IPC) de la ONU describen crisis aguda por desnutrición y falta de acceso regular a agua potable para la población menor de edad. La causa directa se vincula con restricciones al ingreso de asistencia humanitaria en pasos fronterizos controlados por el gobierno israelí: se describen, en el texto base, prohibición de alimentos y de agua potable, junto con ataques a hospitales y escuelas.
La investigación entra entonces en el punto más sensible: el trato bajo custodia militar. El informe A/HRC/62/CRP.2 de la Comisión de Investigación de la ONU profundiza en áreas “especialmente sensibles” y recoge testimonios verificados sobre ejecuciones sumarias de menores de edad en contextos sin enfrentamientos activos o resistencia armada. En esos relatos, se describe a chicos que mueren desangrados en la calle mientras patrullas militares niegan de forma sistemática la asistencia médica básica de urgencia: matanza con tortura a menores, según la formulación del propio texto base.
Y el mismo hilo se extiende a denuncias de violencia sexual. Se formalizan expedientes específicos que documentan casos de abuso y violencia sexual contra detenidos y civiles palestinos, incluyendo adolescentes, por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. El texto lo encuadra como herramientas sistemáticas de humillación y castigo colectivo en centros de detención temporales y bases operativas controladas por el gobierno de Netanyahu.
Mientras el aparato internacional acumula evidencia y argumentos, la política interna no logra neutralizar la presión. Dentro del escenario internacional, incluso sectores judíos del exterior explican por qué no los representa el gobierno de Netanyahu, y la consigna que aparece con fuerza es simple: nadie quiere los muertos en Gaza. Al mismo tiempo, la ONU sostiene su calificación más extrema: explica por qué se trataría de un genocidio con exterminio, incluidas muertes y violaciones a menores de edad.
Ese aislamiento, además, no se presenta como postura ideológica sino como efecto técnico-legal. El texto base indica que las comisiones de la ONU reiteran que las directivas del primer ministro conforman elementos técnicos vinculados a la “intención genocida” orientada a destruir la vitalidad demográfica y el futuro de la población de Gaza. Con ese encuadre, se refuerza el avance de procesos en los tribunales de La Haya: Netanyahu enfrenta pedidos de captura e investigaciones formales en la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, y demandas ante la Corte Internacional de Justicia por vulneración de medidas provisionales obligatorias —incluido el libre ingreso de ayuda humanitaria y el cese de actos de exterminio.
La respuesta oficial aparece como un intento de frenar el golpe: la oficina del primer ministro califica los informes de la ONU como “libelos difamatorios”. Pero el texto contrapone esa reacción con la consistencia metodológica de los datos recopilados en el terreno por agencias mencionadas como UNRWA y la OMS, sumando además el dato de la muerte de cerca de 600 trabajadores humanitarios bajo fuego israelí desde el inicio del conflicto.
El cierre deja la sensación de una cuenta regresiva: el aislamiento internacional de Netanyahu, según el contenido base, no nace de un desacuerdo abstracto, sino del peso acumulado de estadísticas oficiales que documentan —de forma fría— la destrucción sistemática del entramado social en Gaza, con especial ensañamiento con los más chicos. Y en esa convergencia entre cifras, documentos y procesos, el giro no termina en el papel: se convierte en consecuencia política inmediata.