En mañanera, la presidenta niega privilegios: exige actuar a Fiscalía de Morelos y aclara que no existió nombramiento oficial.
Un video que muestra violencia contra una mujer detonó una respuesta inmediata desde Palacio Nacional: la presidenta Claudia Sheinbaum cerró el paso a cualquier interpretación de impunidad y ordenó que el caso se trate “con la ley” y sin excepciones.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue directa al señalar que su gobierno no protegerá a nadie involucrado en hechos de violencia. Remarcó que, ante un acto de este tipo, no aplica el argumento de “conocido” o trato preferente. La instrucción fue clara: se aplique la norma con todo su peso.
El mensaje colocó el foco en el siguiente paso institucional. Según explicó, corresponde a la Fiscalía de Morelos investigar lo ocurrido, dado que los hechos sucedieron en esa entidad. En esa misma línea, la presidenta indicó que serán las autoridades ministeriales las que determinen las responsabilidades penales derivadas del caso.
La mandataria también reforzó el principio general detrás de la instrucción: no puede normalizarse la agresión contra las mujeres. Con esa idea como eje, subrayó que no existe margen para “diferenciar” cómo se aplica la ley cuando hay violencia familiar. El punto, además, se acompañó de un elemento de urgencia: sus declaraciones llegaron días después de que María Felicia Jiménez difundiera el video en redes sociales, donde denunció violencia familiar y solicitó la intervención del Gobierno federal para protegerla a ella y a sus hijos.
Así, el tema dejó de ser únicamente un hecho difundido en internet para convertirse en una exigencia pública con eco en la autoridad. Sheinbaum tomó esa señal y la transformó en un mandato: investigación legal, determinación de responsabilidades y cero protección.
La mañana también incluyó un segundo frente, ligado al cargo del señalado en el caso. Sheinbaum aclaró que Víctor Rodríguez Padilla nunca recibió formalmente el nombramiento para asumir la dirección del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), aunque él ya lo había anunciado públicamente.
En su explicación, la presidenta detalló la condición que, según su versión, cambió el escenario administrativo: “Yo no había firmado el nombramiento. Apenas iba a pasar para firma”. Con esa precisión, sostuvo que no era necesario retirar un nombramiento inexistente, ya que no existía un documento oficial que lo respaldara en el cargo.
Y añadió una consecuencia concreta para el funcionamiento del instituto: confirmó que Alejandro Salcido continuará al frente del INEEL.
Pero el panorama no quedó solo en el “no hubo firma”. Sheinbaum reconoció un contraste que abrió una nueva tensión: desde principios de junio, el propio INEEL difundió comunicados y actividades en los que Rodríguez Padilla aparecía como director general. Aunque el nombramiento aún no había sido formalizado, esos materiales lo mostraban ejerciendo simbólicamente el papel, mientras —según lo que explicó— el proceso oficial no estaba cerrado.
Ese choque entre lo que se comunicó públicamente y lo que se considera formal en el nombramiento fue el punto más delicado de la intervención, porque conecta la discusión del caso de violencia con otra capa de responsabilidad institucional: cómo se presentaron actividades y comunicados, y qué implicaciones tuvo eso cuando no existía un nombramiento oficial.
El cierre del mensaje presidencial regresó a lo central. La presidenta insistió en la ruta que debe seguir el caso: aplicación de la ley, intervención de la Fiscalía de Morelos y análisis de responsabilidades penales por autoridades ministeriales. A la par, dejó asentado el límite que, según dijo, marcará su gobierno: ninguna persona será protegida frente a violencia contra una mujer, independientemente de su perfil.
En suma, el caso quedó encuadrado en una doble exigencia: por un lado, que la investigación avance sin privilegios; por otro, que el tema del nombramiento y la manera en que fue presentado se entienda conforme a lo formal. La instrucción final no fue ambigua: no hay espacio para excepciones cuando hay violencia, y tampoco para confusiones cuando aún no estaba cerrada la parte oficial del cargo.