Hay 11,746 reportes sin localizar y miles de expedientes activos; de los hallados, 434 fueron sin vida.
El número cae como golpe seco y constante: casi 12 mil personas desaparecidas en lo que va de 2026. No es una cifra aislada. Es un registro que acumula reportes sin resolución inmediata y que mantiene miles de expedientes abiertos.
El corte que se describe en el reporte publicado por La Jornada, con datos del Registro Nacional de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), apunta a 11 mil 746 reportes de personas desaparecidas y no localizadas. En ese universo, el panorama se divide. Hay quienes ya fueron ubicados. Y hay quienes siguen desaparecidos en la bitácora oficial.
De acuerdo con esos mismos números, 6 mil 978 personas fueron encontradas. Eso equivale a una tasa de localización del 59 por ciento. Pero el dato que cambia el aire es el resto: 4 mil 768 reportes continúan activos, sin cierre. La diferencia entre “encontrado” y “pendiente” es el núcleo de la crisis.
A la vez, el registro indica que, entre quienes sí fueron localizados, 6 mil 544 aparecieron con vida, mientras 434 fueron halladas sin vida. La estadística, entonces, no solo mide el avance de la búsqueda: también refleja la gravedad del desenlace en una fracción de casos.
El mapa de los pendientes concentra la preocupación. Los 4 mil 768 expedientes en espera se reúnen, principalmente, en diez entidades: Ciudad de México (541), Michoacán (379), Sinaloa (351), Nuevo León (341), Baja California (340), Sonora (289), Guanajuato (262), Chiapas (225), Jalisco (220) y Veracruz (206). El orden de aparición no es decorativo: describe dónde se acumulan los casos que no avanzan al mismo ritmo.
El reporte además desglosa perfiles que vuelven más urgente la atención. El registro nacional marca que el 74.16 por ciento de las personas desaparecidas son hombres. La franja con mayor incidencia va de los 15 a los 35 años. En contraste, las mujeres representan el 25.82 por ciento de los casos, con mayor presencia entre los 10 y 20 años. En un porcentaje mínimo—0.02 por ciento—no se determinó el sexo.
La presión del tiempo también se ve en la secuencia mensual. El informe precisa que enero contabilizó 662 desapariciones; febrero, 738; marzo, 879; abril, 838; mayo, 951; y junio—según el avance—700. Es una curva que no se apaga: sube, se mantiene cerca del pico y continúa, aunque el corte de junio esté incompleto.
En el detalle de nacionalidades, el registro incluye personas de origen extranjero: 29 estadunidenses, 11 colombianas, ocho venezolanas, siete hondureñas, siete guatemaltecas. Además, menciona tres de cada país de Canadá, Cuba, Haití y Nicaragua. El listado se completa con un marroquí, un salvadoreño y un beliceño. El mensaje implícito es claro: la desaparición no se limita a un solo origen.
El reporte también sitúa el dato del presente dentro de un acumulado más largo. Desde el 31 de diciembre de 1952 y hasta la fecha de corte, el Registro Nacional acumula 135 mil 271 reportes de personas desaparecidas en el país. Ese total convierte el número de 2026 en parte de una historia que sigue creciendo, aunque cada caso tenga nombre propio y circunstancias distintas.
El punto de tensión es directo: mientras la tasa de localización se ubica en 59 por ciento, todavía hay 4 mil 768 reportes activos. Y con 434 localizados sin vida dentro del grupo encontrado, la balanza no solo es estadística: es consecuencia humana.
La crónica de estos datos deja una conclusión con peso informativo. El país tiene un volumen de desapariciones que requiere respuesta inmediata, seguimiento continuo y acciones que conviertan “activos” en “cerrados”. Porque cada mes que pasa, el registro—tal como está—continúa alimentándose.